La expresión “derechos humanos” (también citada con frecuencia como DD.HH.) hace referencia a las libertades, reivindicaciones y facultades propias de cada individuo por el sólo hecho de pertenecer a la raza humana.
UN ESPACIO PARA TODOS; los de adentro y los de afuera, los de cerca y los de lejos, los que tienen voz y los que no; para aquéllos que son libres y para los que aún no lo son.
Denunciamos a Cuba ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas por violaciones sistemáticas de los derechos de los niños.
La denuncia demuestra el encarcelamiento político de decenas de niños y la separación de más de 5.000 padres de sus hijos
En el marco de la revisión de Cuba por el Comité de los Derechos del Niño para su 90ª Sesión (03 de mayo 2022 - 03 junio 2022), Prisoners Defenders presentó la denuncia el pasado viernes, 15 de abril, por violaciones sistémicas a los Derechos del Niño en Cuba.
Hemos expuesto la persecución y procesamiento penal de niños desde los 13 a los 17 años por motivos de conciencia, con un detallado informe jurídico de 22 de los casos de prisión política de niños en la isla y la enumeración y detalles de otros 14.
Por otro lado, hemos trasladado los casos de miles de niños, hijos de profesionales, que son separados forzosamente de sus padres y madres durante 8 años para castigar a sus progenitores por no continuar un contrato de trabajo civil en el extranjero o, tras terminarlo, no regresar de inmediato a Cuba, aplicando la Ley de los 8 años y decretando que son “desertores” y “traidores a la patria”.
Lo hemos demostrado más allá de toda duda razonable con un completo estudio con todo tipo de documental probatoria y más de 1.111 testimonios sobre la separación forzosa familiar de más de 5.000 niños actualmente. Ya han sido más de 20.000 los niños afectados por esta separación forzada, lo que está generando un río de enfermedades emocionales, mentales y físicas.
Una auténtica pandemia sobre la infancia generada por la represión del régimen de Cuba para castigar a los padres y amedrentar a más de 50.000 profesionales de trabajo civil en el extranjero para que no “deserten”, pues de ellos el régimen extrae desde el 80% al 95% del salario con los que empresas multinacionales implicadas y otros gobiernos remuneran sus servicios.
Prisión política de niños
Presentamos los casos de 36 niños registrados en la lista de prisioneros políticos que Prisoners Defenders actualiza mensualmente. De los 36 menores procesados en el marco de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, 22 los casos que analizamos bajo denuncia detallada, y 14 enumerados e identificados someramente por el escaso tiempo para la elaboración de esta denuncia, dado el plazo de 7 días que tuvimos para la elaboración y presentación.
Sin embargo, podemos extrapolar que los casos de los 14 presuntos menores indicados como procesados y bajo privaciones diversas de libertad son muy similares a los estudiados en profundidad. Las edades comprenden desde los 13 años hasta los 17 años.
Separación forzosa de más de 5.000 niños de sus padresEn este informe demostramos la existencia de la separación forzosa actual por 8 años de entre 5.000 y 10.000 menores de sus padres y/o madres, mediante numerosas pruebas irrefutables, como una serie de Certificados Consulares, de validez legal internacional, emitidos por el Gobierno de Cuba para un procedimiento judicial en curso en un país europeo, donde se explica esta metódica en Cuba -la llamada Ley de los 8 años-.
Igualmente, también presentamos documentos probatorios muy diversos (Convenios, contratos y muchos otros documentos) y testimonios de 1.111 profesionales cubanos que han sufrido esta expatriación/repudio forzado por 8 años, una pequeña muestra del total de los afectados, de los cuales el 48% tenía hijos menores durante el trabajo en el extranjero.
El Gobierno no confirma ni desmiente datos de activistas sobre los juicios a manifestantes del 11 y 12 de julio en Cuba. "Los conflictos políticos se siguen acumulando", advierten familiares y activistas.
"Tengo a mis tres hijos y mis dos sobrinos presos”, dice a DW Emilio Román. A un tercer sobrino, "le dieron una fianza de dos mil pesos y lo soltaron, porque las cámaras lo vieron en el grupo, pero no tirando piedras”, agrega desde el barrio periférico habanero de La Güinera. Allí vivía Diubis L.Tejeda, el único muerto que reconoce el Gobierno, por un disparo policíal en choques que dejaron también varios heridos, durante las masivas protestas del 11 y 12 de julio de 2021 (11J), en más de 60 localidades de Cuba.
Los familiares de Román son jóvenes a los que se les piden penas que les harían salir de prisión con el doble de su edad actual. Su hijo pequeño era aún menor de edad en el momento de su detención. "Salieron a la calle a comprar cigarros y se encontraron con la manifestación. Como nunca se había visto esta situación en Cuba, se unieron al grupo y empezaron a gritar por la falta de todo que hay” en el país, cuenta Emilio sobre sus hijos. Al menor, Emiyoslán Román Rodríguez, que cumplió 18 años en prisión, la Fiscalía le pide 15 de privación de libertad. A su hija, Mackyani (de 24), y al mayor, Yosney (de 25), les piden 25 y 20 años de encierro respectivamente.
Les acusan de sedición. "Ellos les pusieron esos cargos porque les dio la gana, porque ellos lo que hicieron fue gritar ‘abajo la dictadura', ‘no tenemos comida ni medicinas', y ‘abajo Díaz-Canel'. La Policía les tiró piedras y ellos las devolvieron de nuevo para atrás. No entiendo por qué les pidieron tantos años a todos los de la Güinera”, cuestiona Emilio Román. En prisión, "los han tratado muy mal. En estos momentos tienen sarna. Los tienen allí como si fueran la peste bubónica”, se queja, y denuncia también malos tratos a los familiares durante las visitas.
Detenciones, desapariciones temporales y "sanciones excesivas"
Las autoridades no han dado cifras oficiales. Pero Justicia 11J, un grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos, en el que se han articulado sobre todo mujeres activistas dentro y fuera de la isla, en colaboración con la ONG de asesoría jurídica Cubalex, ha conseguido "un subregistro” de 1.377 personas detenidas. Muchas estuvieron varios días "en desaparición forzada” y denunciaron "tortura física y psicológica”. 727 continúan privadas de libertad, incluidas 70 mujeres y 15 niños.
Este registro independiente está actualizado con información de familiares, peticiones fiscales, sentencias y los escasos reportes iniciales de la prensa estatal, aclara a DW la abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex. Según el documento, más de 360 personas han sido ya juzgadas. Entre ellos, algunos excarcelados, bajo fianza o en prisión domiciliaria, tendrán que reingresar a prisión.
En el mismo mes de julio de 2021, el Estado reconoció la celebración de más de 60 juicios sumarios . Desde octubre, coincidiendo con la solicitud de autorización para la frustrada marcha del 15 de noviembre (15N), las activistas documentaron más de 90 nuevas detenciones. Además, comenzaron a conocerse peticiones fiscales "con sanciones excesivas” para las más de 300 personas que enfrentan ya los primeros juicios ordinarios por participar en las protestas de julio o filmarlas y publicar material en red. Más de 160 aún no tienen fecha programada y a casi la mitad se les solicitan penas "desproporcionadas” de más de 10 y hasta 30 años de cárcel, resume Diversent.
"Ensañamiento con las personas más pobres”
Se les acusa de desacato, desorden público, incitación a delinquir, propagación de epidemias, atentado. Pero las peticiones más altas están asociadas al delito de sedición. Y este "solo se ha usado contra manifestantes de barrios específicos”, asegura la activista Salomé García Bacallao, coordinadora de Justicia 11J.
Bacallao denuncia "un evidente ensañamiento con las personas más pobres”, e ilustra con los barrios de Toyo, en el habanero municipio de 10 de octubre, La Güinera, en Arroyo Naranjo, y algunos de los repartos más pobres de la provincia de Holguín. En Cárdenas, cercana al balneario de Varadero, en Matanzas, los delitos imputados a personas involucradas en situaciones de violencia similares son menos graves: "La ley no se aplica por igual”, insiste.
Como sea, hasta donde han podido documentar tanto Justicia 11J como Cubalex —especialmente gracias a los múltiples videos difundidos en redes sociales—, las situaciones de violencia en que desembocaron algunas de las protestas de julio, incluida la vandalización de tiendas, "se produjeron como reacción a situaciones violentas generadas por el propio Estado", recalca Bacallao.
"Evidente discriminación"
"Los policías también insultaron a las personas durante las detenciones, las hirieron, las trataron con violencia en los centros de reclusión. Hemos documentado muchísimos tratos crueles y degradantes", asegura la coordinadora de Justicia 11J. Se les ha negado atención médica para enfermedades preexistentes o contagiosas, incluso a niños. Y, cuando se les ha dado, "les llevan a hospitales pediátricos, aunque les dan tratamiento penal como adultos y no les permiten a sus familiares estar presentes", agrega Bacallao, quien insiste sin descanso en que "en Cuba hay niños presos políticos".
En la judicialización de todos estos casos, estamos viendo una "evidente discriminación”, dice además. Pues "solamente están siendo enjuiciados por supuestos actos violentos las personas que recibieron la represión por parte de agentes estatales y paraestatales”. El policía que disparó a la única víctima mortal oficialmente reconocida "ni siquiera tiene aún cargos imputados”. Y lo mismo vale para los partidarios del Gobierno que respondieron con palos a la "orden de combate” dada en televisión por el presidente Miguel Díaz-Canel, cuando las protestas aún no habían degenerado en disturbios, subraya.
Los juicios ordinarios comenzaron a desarrollarse en la segunda mitad de diciembre de 2021, aprovechando la distracción de la sociedad y los medios en la semana de Navidad, "para que los presos sientan que no le importan al mundo”, denuncia la coordinadora de Justicia 11J. La semana del 10 al 14 de enero de 2022, al menos 66 personas fueron juzgadas en cuatro juicios en cuatro provincias del país. Entre el 17 y 21 de enero, otras 45 personas serán juzgadas en tres juicios en dos provincias.
Se han realizado a puertas cerradas, con operativos policiales que impiden la asistencia a las audiencias de más de un familiar por acusado, de testigos oyentes u otros miembros de la sociedad civil o la opinión pública. "No les permiten a los familiares comunicarse ni con los detenidos ni entre ellos", informa Bacallao. "Eso es una violación de la garantía del debido proceso", denuncia por su parte Diversent.
"La información sobre lo que sucede en los juicios la obtenemos a través de los familiares", que reportan contradicciones entre los testigos, e incluso un juicio suspendido por falta de evidencias, explica la directora de Cubalex. Adicionalmente, las peticiones fiscales confirman que la mayoría de los testigos que propone la Fiscalía contra los manifestantes son los propios agentes estatales y paraestatales que ejercieron violencia contra los ellos, confirma.
Se persigue un "efecto ejemplarizante”, dice, "que la población perciba que salir a manifestarse contra las políticas gubernamentales es interpretado como un delito contra la seguridad del Estado”. A esto se agrega, como "estrategia para aliviar la presión”, el exilio forzado de activistas, periodistas y artistas críticos, que oficialmente no podrían salir del país por estar sometidos a procesos penales, señala Diversent, exiliada con su equipo en EE. UU.
Silencios, miedo y resistencia
El Gobierno no ha respondido hasta ahora a las solicitudes de comentarios sobre los juicios hechas por diversos medios de prensa extranjera, incluido DW. La oficina de UNICEF en Cuba, por su parte, se limitó a responder que "está en contacto permanente con las autoridades cubanas”, en un correo al canal hispano estadounidense Telemundo, luego de que UNICEF Latinoamérica solicitase públicamente "información adicional verificada” sobre "los presuntos casos de detenciones de niños y niñas reportados en Cuba”.
Dentro y fuera de la isla, la sociedad civil cubana se ha organizado para apoyar a los familiares de los manifestantes en el pago de multas, abogados, alimentos, artículos de higiene, abrigo y calzado para los encarcelados, confirman las activistas. Sin embargo, califican de "tibia” la reacción de la comunidad internacional; así como de la prensa extranjera acreditada en la isla, que apenas comenzó a cubrir los juicios en enero, tras campañas de activistas y familiares, que también pidieron apoyo de delegaciones diplomáticas.
"La visibilidad es determinante" para generar algún tipo de presión sobre el Gobierno, advierte Diversent.
En medio de esta crisis política, y de la omnipresente crisis económica, hay "un gran número de personas tratando de irse del país de manera desesperada”, asegura la jurista. Pero la válvula migratoria abierta con una exención de visado para cubanos en Nicaragua no será suficiente, opina.
El Gobierno "ha intimidado lo suficiente, pero ha generado también muchísima resistencia” de madres, padres y familiares, especialmente de menores. Conocer estas elevadas peticiones fiscales les ha hecho superar el miedo inicial a "denunciar la injusticia, a abrir la puerta a la prensa” independiente y extranjera, observa la directora de Cubalex.
Conflictos que se acumulan
Los familiares "han sentido el apoyo de la sociedad civil y han comenzado a organizarse, en grupos de redes sociales y mensajería privada, para exigir por sus hijos”, cuenta Diversent. "La sociedad cubana está en contra de toda esta situación. Muchos me apoyan”, asegura Emilio Román. Pero, "a veces, me he deprimido completamente. He estado día enteros trancado en mi casa llorando".
Sin acompañamiento internacional, advierte Bacallao, "es muy difícil que los cubanos se vuelvan a sentir empoderados para volver a salir a las calles". Sin embargo, dice, sigo pensando que "va a volver a ocurrir", porque "no se ha producido ningún cambio que dé solución a los conflictos políticos que, por el contrario, se siguen acumulando". (ms)
En el mes de marzo se han llevado a cabo dos juicios por las protestas del 11 de julio. El primero por las que protagonizaron los sectores pobres de Esquina de Toyo y La Güinera en La Habana, donde se condenó, en juicio masivo, a 127 personas con penas de hasta 30 años; el segundo por las protestas en San Antonio de los Baños contra 17 manifestantes con condenas de hasta 10 años.
El 23 de marzo, un total de 17 personas fueron condenadas a entre 3 y 10 años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado en San Antonio de los Baños (occidente de la isla). En esta ciudad, a 35 kilómetros de La Habana, fue donde se produjo la primera manifestación de aquel día, que luego se reprodujo por otras ciudades provocando las mayores protestas en Cuba en décadas.
Según el fallo del Tribunal Municipal de San Antonio de los Baños, los 17 acusados —de entre 22 y 67 años y casi todos hombres— fueron mayoritariamente condenados por “desacato” y “desórdenes públicos”, aunque alguno fue asimismo considerado culpable del “delito de atentado”. Todos los condenados, subraya el fallo del Tribunal Municipal de San Antonio de los Baños, "se desempeñaron como líderes del disturbio y cometieron las acciones delictuosas".
Esta sentencia se dio a conocer días después del fallo conjunto por las seis causas ligadas a las mismas protestas en Esquina de Toyo y La Güinera, dos puntos barriadas pobres de La Habana. Este fallo condenó a penas de hasta 30 años de cárcel —1.916 años en total— a 127 de los 129 encausados, mientras que uno recibió cuatro años de "trabajo correccional" y otro quedó absuelto. Ocho condenados tenían entre 16 y 17 años.
Se trata de sentencias escandalosas violando los más mínimos derechos elementales. Sobre estas condenas masivas solo se ha informado de manera general, se desconocen las causas dictadas a cada detenido y sus respectivas edades.
Estos juicios de marzo con fuertes condenas se suman a otros que fueron realizados entre julio, octubre, diciembre, enero y febrero en los que las condenas han variado desde multas hasta dictámenes que van de los 14 a 30 años de cárcel. Son constantes las denuncias de familiares y activistas por fabricación de pruebas. El objetivo de la burocracia cubana con estas condenas y toda su política represiva es amedrentar a quienes están descontentos con su política económica y social, y acallar todo tipo de protestas, mientras aceleran un giro aperturista y medidas económicas que recaen violentamente contra el pueblo.
Desde esa histórica jornada de movilizaciones del 11 de julio, se ha producido un profundo giro represivo por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel que detuvo violentamente a alrededor de 1500 manifestantes (durante las protestas y en los días posteriores). De ellas, al menos 756 continúan en centros de reclusión. Según la Fiscalía General de Cuba, en el país se ha procesado por las protestas del 11 de julio a 790 personas, de las que 55 tienen entre 16 y 17 años.
Destaca entre las sentencias de San Antonio de los Baños, los seis años de prisión por dos delitos de desacato y un delito de desórdenes públicos para Yoan de la Cruz Cruz, unos de los primeros jóvenes que empezó a retransmitir en directo por redes sociales las protestas. La sentencia asegura que "transmitió en directo por las redes sociales lo que acontecía, con lo que provocó que tales actos fueran visualizados dentro y fuera del país y que en diferentes municipios y provincias se imitaran las nocivas acciones". Ejemplo de que la burocracia prohíbe y persigue la más básica libertad de expresión.
Recalquemos que el pasado 11 de julio se produjeron en Cuba las mayores protestas antigubernamentales en décadas, unas manifestaciones espontáneas y masivas ligadas a la grave crisis económica que atraviesa el país y que fueron una respuesta, en los hechos, a las políticas de la burocracia gobernante como fue el plan de ajuste y apertura económica Tarea Ordenamiento, que representó una verdadera política de shock contra los trabajadores y el pueblo, con un 2400 % de devaluación de la moneda y aumentos a las tarifas y los precios de los productos básicos.
El procesamiento y los procesos judiciales contra los manifestantes, así como las terribles y severas penas que incluyen estos cargos de “sedición” como respuesta al simple hecho de manifestarse, muestran el carácter represivo del gobierno cubano de Díaz-Canel. que viene impulsando las mencionadas medidas económicas y sociales profundamente antipopulares.
Incluso, cualquier protesta en defensa de los recluidos por las manifestaciones del 11J es reprimida inmediatamente, tal como sucedió a finales de enero de este año cuando fueron reprimidos y detenidos Leonardo Romero Negrín, Alexander Hall, Tata Poet, Carolina Barrero, Camila Rodríguez y Daniela Rojo, que luego fueron liberados, y en el caso de Carolina Barrero, impulsora del movimiento Justicia 11J, obligada a exiliarse. Lo mismo aconteció con la detención del joven universitario, poeta y músico, Abel Lescay a comienzos de febrero, y sobre quién aún está pendiente un juicio.
Es urgente el llamado a la solidaridad internacional con los detenidos y manifestarse abiertamente contra la represión y los juicios sumarios en Cuba, así como por el derecho a la protesta y por la libertad inmediata y plena de todos los detenidos de las protestas del 11 de julio.
El hostigamiento a los responsables del portal de izquierda La Joven Cuba
A la par de estas aberrantes condenas a los presos de las protestas del 11J, y en el marco del giro represivo del gobierno, un canal oficialista en un programa arremetió contra los integrantes del portal La Joven Cuba, tildándolos de “contrarrevolucionarios y fascistas”. En dicho programa el portavoz justifica sin ningún problema todas las detenciones y condenas escandalosas contra los presos de las protestas del 11J, aludiendo que se respetaron todos sus derechos.
Como declaran los integrantes del colectivo Comunistas “Que en Cuba un medio de prensa sea señalado como ‘contrarrevolucionario y fascista’ por parte del gobierno, es dar la orden de destruirlo y perseguir a los miembros de su comité editorial y colaboradores”.
El supuesto motivo que sirvió de pretexto a estos ataques contra La Joven Cuba fue la publicación del "Manifiesto contra el silencio, por la justicia" del 21 de marzo, dirigido “A la Comunidad Artística e Intelectual cubana”, el cual en lo esencial aboga por el derecho a la manifestación y por los presos de las protestas del 11 de julio exigiendo su libertad, y reclamando por una amnistía para los detenidos. Entre los firmantes figuran Leonardo Romero Negrín, Fernando Pérez, Alex Fleites, Teresita Díaz-Canals, Alexander Hall, Alina Bárbara López, Mario Valdés y Miguel Hayes, entre otros y otras.
Defender el derecho de prensa y manifestación en Cuba es fundamental, como parte de defender el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a organizarse y asociarse sindical y políticamente de manera independiente del Estado y sus organismos, si así lo desean. El derecho a la libertad de reunión, a las asambleas y deliberaciones en los lugares de trabajo, a la manifestación, a la huelga, a la libertad de prensa, el pleno derecho a la libertad de los sindicatos y toda forma de organización que se puedan dar los trabajadores. Por eso, repudiamos el hostigamiento y la persecución contra los responsables de la Joven Cuba por parte del gobierno cubano y los medios de comunicación oficialistas.
En el año 2021 han formado parte de la lista de Prisoners Defenders955 prisioneros políticos en Cuba. Con 138 se inició enero de 2021. Desde entonces hasta final de diciembre de 2021 se han sumado, además de éstos, otros 817 prisioneros políticos en Cuba nuevos a lo largo de todo el año 2021, quedando 842 prisioneros políticos en Cuba en estos momentos.
Pero esto nos es más que una fracción, entre el 40% y el 50% de las cifras reales, cuya verificación total es simplemente inalcanzable por organización alguna.
Prisioneros políticos en Cuba actualmente sufriendo condenas y autos fiscales
Prisoners Defenders, de entre los 1.500 y 2.000 casos de medidas de limitación de libertad bajo autos de procesamiento fiscal o sentencias, aplicados a los manifestantes detenidos a millares desde el 11j, ha podido constatar una lista de 842 casos de prisioneros políticos en Cuba en este mes de diciembre pasado (VER).
De éstos 842 casos:
700 casos analizadospertenecen a la represión del 11j y 15N en Cuba, cifra aún inferior al 40% respecto al total generado por la ola represiva, pues resulta del todo imposible conocer los casos entre la población.
Son 26 los menores de edad procesados (14, 15, 16 y 17 años de edad durante la detención).
El 50% de ellos,13 menores, están acusados de Sedición.
En total, 132 prisioneros políticos en Cuba verificados han sido procesados con el cargo de Sedición.
387 prisioneros ya han sido sentenciados, 137 de ellos con penas de más de 10 años, el 35%
107 mujeres son prisioneras políticas del régimen de Cuba.
¿Hay en Cuba hasta 13.000 prisioneros y condenados políticos?
Reconocemos en Prisoners Defenders, durante el mes de diciembre de 2021, a 842prisioneros políticos en Cuba (ver lista), pero además reconocemos, como cada mes, los otros 11.000 civiles jóvenes no pertenecientes a organizaciones opositoras, 8.400 de ellos convictos y 2.538 condenados, con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel, mediante condenas “pre-delictivas”, es decir, sin delito (como indica el Código Penal en su artículo 76.1 para estas 11 mil condenas), al contemplar el Código Penal que serían personas proclives a cometer delitos en el futuro “por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista” (Art. 72 de Código Penal). Así, les imponen penas de 1 a 4 años de prisión. Así es como el Estado de Cuba sobrevive, destrozando la sociedad y sus cimientos: la juventud.
Los 842 prisioneros políticos en Cuba verificados por su ejercicio de la defensa de sus derechos fundamentales, se dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Otros Presos Políticos. La clasificación de éstos es la siguiente:
545 Convictos de Conciencia, que son presos privados de libertad únicamente por motivos de conciencia, es decir, de ejercicio estricto de sus más fundamentales derechos humanos, con acusaciones bien completa y probadamente falsas y fabricadas, o bien de índole no delictiva y absolutamente relacionadas con el pensamiento.
205 Condenados de Conciencia, que sufren autos de procesamiento fiscal o sentencias judiciales de trabajos forzados domiciliares, medidas de limitación de libertad, libertad condicional bajo amenazas, y otras limitaciones a la libertad, incluyendo las que están bajo sentencia firme sin ejecución, y que el régimen, además, acostumbra a revocar e insertar en prisión si el activista no cesa en su actividad prodemocrática, como hemos visto mes tras mes durante años.
92 Otros Presos Políticos, no encuadrables en las anteriores categorías, pero identificados en prisión política tras las rejas. Los presentes en esta lista no pueden ser defendidos como Convictos de Conciencia. O bien en sus causas ha estado presente de algún modo la violencia, o bien han cometido, aparejado a su prisión política, delitos punibles. También existen no pocos casos en los que no nos es posible verificar completamente la fabricación de su supuesto delito. Sin embargo, en todos ellos el matiz político, el nulo acceso a la defensa efectiva, y el ensañamiento desmedido en las penas los convierten en casos de carácter político y defendibles, en algunos casos para adecuar las penas a lo realizado y en otros por el derecho a tener acceso a una defensa efectiva que posiblemente los liberaría de todo cargo.
LA LISTA COMPLETA DE PRISIONEROS POLÍTICOS EN CUBA PUEDE OBTENERSE EN ESTE ENLACE:
2. CARTAS DESDE PRISIÓN: MILES DE PERSONAS LANGUIDECEN EN PRISIÓN, MILLONES SUFREN FUERA DE ELLA
En este informe hemos querido reflejar tan sólo una muestra de las crónicas que los presos nos remiten desde prisión a familiares y ONGs. Hemos escogido 3 cartas de entre las muchas que nos han llegado, para que los lectores puedan hacerse una idea de lo que viven cotidianamente decenas de miles de familiares que tienen a sus allegados en prisión política en Cuba: Mailene Noguera Santiesteban, Yessica Coímbra Noriega y las gemelas, cuyos nombres son casi iguales, Lisdany y Lisdiany Rodríguez Isaac.
El pasado 17 de julio de 2021 varios agentes de la Seguridad del Estado detuvieron a Mailene Noguera Santiesteban por la fuerza en su casa. Mailene está acusada de Desórdenes Públicos, Propagación de Epidemias y Desacato por manifestarse pacíficamente 6 días antes, el 11 de julio de 2021, en Mayabeque, Cuba.
Ese mismo día, ya detenida en la antigua prisión para casos de VIH-SIDA en Güines (Mayabeque), Mailene fue testigo de cómo varios oficiales golpeaban con palos y patadas al también detenido Manuel Velázquez Licea, hasta dejarlo sangrando, y así lo narra en el manuscrito de su puño y letra que nos ha hecho llegar un recluso político.
Tras este episodio Marlene cuenta que fue «arrastrada por los pelos» por 3 oficiales por el suelo hasta que ya en el suelo de su celda comenzaron a agredirla verbalmente con calificativos como «cochina, piojosa», «¿dónde está el dinero y la ropa que te mandan los americanos?» En ese momento, Mailene estaba semidesnuda pues la detuvieron en su casa, a ella y a su esposo, de madrugada cuando dormían, dejando a su hijo menor, de 8 años, solo en el domicilio.
Mailene fue testigo de cómo «llegaron los detenidos [políticos del 11j] como perros arrastrados, los hombres y las mujeres brutalmente maltratados, esposados como el peor delincuente, tratados como un desecho humano contra la pared”, mientras los oficiales gritaban, entre otras amenazas, a los detenidos: “no te atrevas a moverte que te romperé los dientes, perro gusano”».
Les «daban muchos palos por no repetir lo que ellos querían. Yo solo podía decir “patria y vida”». añade Mailene.
Noguera Santiesteban afirma que practicaban torturas físicas y psicológicas a niñas menores de edad, «con pistola en la cabeza y con pinzas arrancaban uñas postizas y piercings de la lengua».
Racismo institucionalizado en las prisiones
Incluso fue testigo de cómo encarcelaron a una madre (Maira Coímbra) y a su hija (Yessica Coímbra) en celdas distintas, mientras los oficiales les gritaban si «ellas no se veían muy negras para andar protestando en las calles, que a los negros no los quieren en ningún lugar del mundo, y Cuba no sería la excepción». El testimonio de la carta de Mailene coincide plenamente con lo narrado en otra carta, obtenida por otra vía, de la propia afectada, Yessica Coímbra, como veremos.
Yessica Coímbra, a quien Mailene nombra en su carta, es una joven cubana de 26 años que reside en Mayabeque y se encuentra en la Prisión de Mujeres de Occidente, El Guatao, enfrentando una condena de 8 años por los delitos de Desórdenes Públicos de carácter continuado, Desacato de carácter continuado, Hurto y Desacato, tras manifestarse pacíficamente el pasado 11 de julio en Nueva Paz, Mayabeque.
Su familia nos ha hecho llegar el testimonio de Yessica donde expresa cómo se han desarrollado los acontecimientos desde aquél 11 de julio:
Yessica y sus amigos se encontraban en el Parque de Reparto Vegas (Nueva Paz, Mayabeque) cuando comenzaron las detenciones: «llegaron 2 guaguas con trabajadores del gobierno, mientras debatíamos con ellos, detrás de una bandera muy grande se escondía un grupo de boinas negras y de policías vestidos de civil», narra Yessica. A partir de ese momento comenzaron a dar golpes con «palos gordos» indiscriminadamente a adultos y niños. «Muchos manifestantes como yo, que solo pedíamos una mejora, resultaron heridos, nos golpearon sin piedad».
Minutos después, esos mismos agentes se dirigieron al domicilio de Yessica donde se encontraron con el hijo de ésta, Enrique Miguel Tablada Coímbra, de 8 años, al que arrebataron a la fuerza el móvil «por si estaba grabando», y le indicaron al menor que llamara a un adulto. El pequeño esa noche estaba tan alterado que sufrió taquicardias.
Al día siguiente, 12 de julio, Yessica es trasladada a la antigua prisión para casos de VIH-SIDA en Güines (Mayabeque): «éramos 12 en la guagua y nos cogían 2 ó 3 guardias por preso/a; a los hombres los tiraban contra las rejas y les decían que gritaran “viva la revolución”, como no lo hacían les daban golpes hasta dejarlos sangrar, también a las mujeres, e incluso a niños y niñas de 17 a 19 años de edad», nos cuenta Yessica en su carta.
«A mi mamá la detuvieron luego de que los policías amenazaron a mi niño, estuve 7 u 8 días sin saber si mi mamá estaba viva o muerta. Dos hombres y una mujer me dieron golpes en los brazos y empujaban mi cabeza contra la mesa por no decir lo que ellos querían».
La “Shakira”: la tortura con el nombre de una memorable artista
Después enviaron a una oficial a que le pulverizara a Yessica los ojos con un “spray”, colocarle las “shakiras” (esposas que inmovilizan manos y pies) y a golpearla, por no hablar. La tortura “shakira” es muy popular entre los carceleros en Cuba y ya la hemos descrito con anterioridad. La practican a miles de presos en Cuba, especialmente a los políticos. Tras esposarle pies y manos, los golpean. Los guardias se mofan de la situación y han asemejado los movimientos de los reos ante la tortura a los bailes de Shakira.
Lo que Yessica desconocía era que en una celda próxima se encontraba su madre, de 56 años, enferma con varias patologías, escuchando cómo torturaban a su hija. Esto lo hemos descubierto al cruzar ambas cartas, la de Yessica y la de Mailene Noguera Santiesteban.
Lisdiany Rodríguez Isaac se enfrenta a una condena de 10 años de privación de libertad por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Villa Clara, Cuba, acusada de Desórdenes Públicos, Propagación de Epidemias, Desacato, Atentado e Instigación a Delinquir. Tiene 23 años y está encarcelada en la Prisión Guamajal de Mujeres de Santa Clara.
En su escrito desde prisión nos cuenta: «Me encuentro en prisión por ser partícipe de la gran e histórica manifestación del 11 de julio de 2021. Mi hermana [gemela] y yo llevamos 4 meses y un día recluidas».
Cuando fue detenida el 17 de julio, Lisdiany dejó a su pequeña de 3 años a cargo de la abuela de la menor, madre de Lisdiany, pero la madre, abuela de la niña, fue detenida el 15 de noviembre, por lo que la niña quedó completamente desprotegida.
«No les basta tenernos a mi hermana y a mí presas, con una petición fiscal de 10 años… lo único que deseo es que dejen de acosar y asediar a mi madre, y si eso no pasa pues me obligan a hacer protestas, como huelgas de hambre y hasta coserme la boca, ya que me siento con un miedo horrible y acorralada».
3. LA SOLIDARIDAD DEL PARLAMENTO EUROPEO EN 2021 Y LA REFLEXIÓN DE PRISONERS DEFENDERS
El Parlamento Europeo ha demostrado una gran solidaridad con el pueblo de Cuba este año 2021. Ha aprobado3 resoluciones con un nivel de detalle sobre la represión como antes nunca había sido expuesta sobre Cuba en el Parlamento Europeo, de un régimen totalitario que no ha dudado en arrebatarles sus hijos inocentes y apolíticos a casi 2.000 madres, no pocas de ellas previamente “revolucionarias”. Las citadas resoluciones contenían disposiciones de condena a la represión, y otras mandatando a la Comisión Europea y el SEAE a buscar otro accionar. Entre la represión denunciada se encuentran las prácticas de esclavitud de los más de 50 mil trabajadores cubanos en el exterior por cuenta del Estado o empresas cubanas, las condenas pre-delictivas a más de 11 mil jóvenes cubanos, y toda una larga lista de violaciones execrables de los derechos humanos
Los epígrafes de represión, tanto el 16 de diciembre como el 16 de septiembre, han sido votados a favor por todos los socialistas, verdes, liberales, demócrata-cristianos y conservadores: el total de la cámara. Las resoluciones, incluyendo las disposiciones en clave política “interna”, fueron aprobadas por amplísimas mayorías, pero cuando se votaron por separado los epígrafes de represión, más de 600 diputados (toda la cámara salvo excepciones marginales) se manifestaron enérgicamente en contra de la represión en Cuba. Esto fue muy evidente en la última resolución, donde socialistas y verdes se unieron a toda la cámara para votar en contra de la represión del régimen, y cientos se abstuvieron cuando se trataron las cuestiones de política interna. No votaron en contra cientos de ellos porque la política de la UE en Cuba está resultando un fracaso hasta para los intereses europeos. En lo que no están de acuerdo es sobre cómo cambiar esta realidad.
Mención especial merecen los casos defendidos por el Parlamento Europeo 16 de diciembre como meros ejemplos de la represión en Cuba: José Daniel Ferrer, la Dama de Blanco Aymara Nieto, Maykel Castillo Pérez (ganador de dos Grammy por “Patria y Vida”), Luis Robles Elizástegui, Félix Navarro Rodríguez, Luis Manuel Otero Alcántara, el Reverendo Lorenzo Rosales Fajardo, Andy Dunier García Lorenzo, y Yunior García Aguilera, como exponente de una juventud contestataria valiente y preparada que tiene que literalmente huir del país para poder sobrevivir a la represión de pensamiento, expresión y manifestación, además de la violación sistemática de todos los derechos humanos.
Un paso más
No obstante, la tibieza de acción del SEAE, los fondos y la legitimidad que se otorgan al Gobierno de Cuba por parte de éste a costa de la malversación de las partidas de fondos para la Sociedad Civil mientras los fondos se destinan al Gobierno de Cuba, el arrinconamiento de la Sociedad Civil por parte de la Embajada de la UE en Cuba -que jamás desde la firma del ADPC ha organizado un encuentro público con la sociedad civil en Cuba, sino sólo con las sociedades gubernamentales cubanas- y el argumentario de enfrentamiento con los Estados Unidos del que D. Josep Borrell es adalid cuando de Cuba, Venezuela y Nicaragua se trata, siguen provocando indignación a una mayoría del Parlamento Europeo, que ha condenado este proceder con todo lujo de detalles.
Ahora que el mundo está polarizado, que la polarización se globaliza más que nunca, y que Europa tiene una enorme debilidad en todas sus fronteras, tanto por las crisis migratorias fraudulentamente creadas como por las amenazas de uso de la fuerza militar en ellas, parece poco lógico que el anacrónico y poco consciente ideario anti-americanista de un político, D. Josep Borrell, o incluso de varios, ponga en riesgo la seguridad europea del futuro y la amistad con una nación, no es posible olvidarlo, que envió a cientos de miles de sus hijos a morir para salvar a Europa de las dictaduras, y luego financió la reconstrucción de las naciones y tierras de Europa, y que ahora es el único muro de contención militar que tiene el mundo democrático.
La salida de disidentes expatriados forzosamente habitualmente se usa por los políticos europeos como victorias en clave de gestos solidarios, cuando en realidad son la hipoteca del futuro de todo un pueblo. En 2010, la expulsión de Cuba del Grupo de los 75 no fue sólo una liberación de la cárcel de un grupo de opositores. Mientras, éstos llegaban a España y no tenían ni colchones donde dormir. El actual presidente de Prisoners Defenders vivió aquella nefasta operación donde lo importante era el gesto político, pero se abandonó a las víctimas una vez sirvieron al propósito verdadero de la operación Zapatero, y entonces se recaudaron fondos privados para las necesidades de quienes salieron de prisión para sumergirse en la indigencia. Zapatero usó aquella liberación, en realidad, para limpiar la imagen de un régimen totalitario y propiciar el actual acuerdo de diálogo y cooperación. Esta misma receta se va a usar en la actualidad, pues no hay nuevos cocineros en los hornos políticos de Europa. Todos los involucrados lavan sus imágenes políticas a costa de algunos de los rehenes que, cada década, el Gobierno de Cuba crea a miles.
En Europa se luchó contra la barbarie del terrorismo de ETA, y también se negoció con la banda en paralelo, pero jamás se dejó de denominarla una banda criminal y terrorista.
Los gobiernos deben negociar por las víctimas sin descanso, pero no hipotecarse moralmente, pues sólo empleando la firmeza en los principios, en las manifestaciones y en la condena más enérgica de la represión, dicha negociación puede dar lugar a frutos reales y no espejismos para volver al punto de partida década tras década.
Cuando uno renuncia a los principios éticos y morales, utiliza la excusa de la represión reactiva para no llamar a las cosas por su nombre, mientras en realidad lo que hace es proteger en paralelo sus intereses, donde el apalancamiento financiero con el régimen aumenta cada año hasta hacerse necesarias las condonaciones de deuda con tal de mantener unos míseros hoteles (ultra-capitalistas, por cierto), y se permiten las permutas que benefician al régimen, se perpetúa el calvario para el pueblo de Cuba.
Cuando se insulta a nuestros aliados naturales, las democracias, con manifestaciones que apuntan a hacerles culpables de una represión violenta, despiadada, sistemática del Estado de Cuba contra sus ciudadanos, le hacemos un flaco favor a Europa y su crédito político. Si los detractores del embargo no mencionan las terribles violaciones de derechos humanos en Cuba cuando se vota sobre el embargo en Naciones Unidas, tampoco es decente ante violaciones execrables y crímenes de lesa humanidad sacar a colación el embargo para situarlo en un grado de culpabilidad sobre los crímenes de lesa humanidad que un Gobierno comete contra su pueblo. Son dos cuestiones distintas, y ambas desaparecerían si se respetaran los derechos humanos en Cuba.
El máximo órgano de decisión de la matriz Prisoners Defenders en Europa es la Junta Directiva, compuesta por un Presidente, un Vice-Presidente. Además, para la toma de decisiones Prisoners Defenders cuenta formalmente, tal y como establecen los estatutos, con un nutrido Comité Consultivo de Expertos del que forman parte europarlamentarios, políticos de diversos países, científicos, economistas y relevantes figuras del derecho internacional. En el Comité Consultivo de Expertos, dada la naturaleza de éste, no tienen cabida posturas extremas, ni de la llamada derecha populista/extrema ni de la llamada izquierda populista/extrema, tan sólo por el hecho de que buscamos integrar visiones entre los pensamientos moderados para dar soluciones efectivas, eficaces, inclusivas e integradoras a los problemas de derechos humanos, siempre complejos de abordar, alejando la posibilidad de crear otros nuevos problemas derivados de las posiciones más extremas.
Los trabajos de Prisoners Defenders son adoptados por numerosas instituciones y son enviados, entre otros, a Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Civil Rights Defenders. Freedom House, People In Need, Parlamento Europeo, Congreso y Senado de los Estados Unidos, CANF, ASIC, UNPACU, Gobierno de España, Fundación Transición Española, International Institute on Race, Equality and Human Rights, FANTU, Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, Colegio de Pedagogos Independiente de Cuba y Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, entre muchas otras instituciones y organismos de igual relevancia.
