Es una grave contradicción pertenecer a este organismo y no haber ratificado los dos Pactos fundamentales de Derechos Humanos
El Consejo de Derechos Humanos es el máximo órgano evaluativo y de monitoreo de los Derechos Humanos en Naciones Unidas. A este organismo deben pertenecer los países que mejores récords tengan de respeto a los Derechos Humanos, a nivel mundial.
En esta dirección va la propuesta de una ONG argentina, CADAL, para reformar dos parámetros de elección al Consejo de Derechos Humanos.
Entre 170 y 175 estados miembros han ratificado los dos Pactos fundamentales y más de 73 países permiten de manera permanente la visita de los Relatores de Derechos Humanos relacionados a los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. No están entre ellos, ni Rusia, ni China, ni Cuba, ni Venezuela ni Arabia Saudita. Sin embargo, Cuba, Arabia Saudita y China han sido los más permanentes representantes en este organismo, desde la creación del Consejo de Derechos Humanos en 2006.
Esta es una de las propuestas de CADAL, la condición para pertenecer al Consejo debe ser:
“Que los 47 Estados Miembro que lo conforman estén obligados a recibir invitaciones abiertas y permanentes a todos los relatores especiales del organismo”.
“De esta manera, si Arabia Saudita integra el CDH deberá aceptar, por ejemplo, la visita del Grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, y el de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer. Y en el caso de Cuba y China la visita de Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, entre otros”.
La otra condición a respetar es que las votaciones para pertenecer al Consejo sean abiertas y no secretas. Los gobiernos representados rinden cuenta de sus decisiones a las sociedades civiles de sus poblaciones por lo tanto deben ser transparentes con su actuación en Naciones Unidas.
CADAL lo formula así:
“De esta manera se brindaría transparencia al voto de cada país, permitiendo conocer si el mismo se ajustó a lo establecido en el punto 8 de la resolución. Asimismo, en los países democráticos el conocimiento público sobre el voto de las candidaturas para integrar el CDH generaría debate interno en caso de haber apoyado a un Estado que internamente reprime severamente el ejercicio de las libertades fundamentales”.
El multilateralismo que pretende defender el gobierno cubano no puede incluir la violación de Derechos Humanos en los países que dicen tener otro “modelo” de sistema político y económico. Cualquier “modelo” de sistema económico, político y cultural, desde Burundi a Cuba, tiene que respetar los Derechos Humanos contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los dos Pactos fundamentales de Naciones Unidas o sencillamente retirarse de la organización y del consenso de Naciones Unidas. Ningún país ha sido obligado a pertenecer a Naciones Unidas desde su fundación. Esta participación voluntaria en el concierto de Naciones Unidas tiene que ser coherente con el respeto de los derechos, todos y con aplicar las normas del Derecho internacional a sus legislaciones nacionales y permitir la visita libre y permanente de todos los Relatores de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El Gobierno cubano no ha ratificado los dos Pactos fundamentales de Derechos Humanos, que firmó en 2008, no permite la visita permanente abierta de ningún Relator de Derechos Humanos y sólo ha permitido en los últimos diez años, la visita “controlada” de un Relator sobre la alimentación, otro sobre la Trata de personas, y otra sobre Cooperación internacional. El Gobierno cubano no permite las presentaciones personales de sus ciudadanos en Naciones Unidas violando este derecho ciudadano.
El Gobierno cubano no ha ratificado el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y los tratos crueles e inhumanos que permite la evaluación y monitoreo in situ de Naciones Unidas sobre todo el sistema carcelario de Cuba con graves déficit de espacio, alimento, higiene, atención médica, y reiterados abusos de poder de las autoridades carcelarias como reseñan los testimonios de las víctimas de estos atropellos.
El Gobierno cubano no permite la creación de una Comisión Nacional de Derechos Humanos, independiente al Estado y Partido cubanos. Dice que no quiere adscribirse a los Principios de París que lo regula, porque otras organizaciones estatales se ocupan de monitorear el estado de los Derechos Humanos en Cuba.
Sin embargo, en todos los informes que entrega en la ONU no puede mostrar los datos de las violaciones que se comenten en Cuba sobre los arrestos arbitrarios, la ausencia de debido proceso, el no respeto del Habeas corpus, la discriminación racial y de género, las violaciones de derechos resultado de la violencia intrafamiliar, los datos sobre feminicidios, los datos sobre abuso de poder de las autoridades civiles, laborales y militares, la violación de los derechos laborales, relativos al trabajo decente la prohibición de confiscar el salario, el derecho a huelga, el derecho al empleo libre que no existe para los profesionales del país, el derecho a crear sindicatos libres del estado, de los derechos económicos, la imposibilidad de crear empresas privadas y cooperativas, la imposibilidad de reivindicar y justiciar los derechos sociales y culturales, y la violación a los derechos de libertad de expresión asociación y manifestación pacífica. Según la narrativa de las delegaciones cubanas en Naciones Unidas, en Cuba no se viola ningún Derecho Humano. Esta narrativa debe ser fuertemente contestada en Naciones Unidas.
¿Qué hace Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Una grave violación ética, política y práctica del reglamento de Naciones Unidas para conformar el Consejo de Derechos Humanos que hay que transformar para eliminar la presencia de las dictaduras en el más alto organismo encargado de monitorear, exigir y evaluar los Derechos Humanos en el mayor consenso de la comunidad de naciones.
[1] “Dos propuestas de reforma para la integración del Consejo de Derechos Humanos” en Puente Democrático Año 15 #64, 26 de abril del 2017, en http://www.puentedemocratico.org/documentos/DocumentoPD64.pdf
[2] Visita “controlada” significa que los Relatores sólo se reúnen con funcionarios del gobierno y con grupos de ciudadanos designados por el gobierno. Estos grupos designados en Cuba son de las organizaciones estatales que encuadran y reprimen a la población en los “actos de repudio”. Los CDRs, la FMC, la CTC, la FEU, la FEEM, la ANAP, la UPEC, la UNEAC, todas creadas por el gobierno, parte del Consejo de Estado y dirigidas por el Partido Comunista de Cuba.
¿Aceptarán el reto de vivir un mes en Cuba esas personas, grupos, partidos, y organizaciones de ultra izquierda; a quienes sólo “les suena” el primer mundo?.
