miércoles, 27 de abril de 2022

El MUDDH SE SUMA AL Desafío de Refugiados MUN 2022! ACNUR🏆

 TEMA DE ANALISIS EN LA ASAMBLEA: 

Encontrar soluciones duraderas para los refugiados:

 “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país” según la Declaración de los Derechos Humanos. No obstante, existen muchas vulneraciones de este derecho en todo el mundo y es necesario actuar a todos los niveles para fomentar su cumplimiento.



La perspectiva de alcanzar soluciones duraderas e integrales para las necesidades de protección es cada vez más distante para un número creciente de refugiados y refugiadas. Muchos de los que necesitan protección internacional y buscan un futuro seguro para sus familias están recurriendo a movimientos peligrosos que generan importantes riesgos de protección.

Las necesidades humanitarias de quienes necesitan protección internacional, y que son víctimas de la persecución, la intolerancia, las violaciones de derechos humanos, la violencia generalizada y los conflictos internos, no son ajenas a las legítimas preocupaciones internacionales en materia de seguridad. Sin embargo, es importante crear conciencia de que los refugiados son víctimas de la inseguridad y del terrorismo, y no sus causas.

Igualmente, hoy es necesario admitir que la protección internacional de refugiados pasa por entender mejor el vínculo existente entre migración y asilo, y en particular por reconocer que los solicitantes de asilo y refugiados están inmersos dentro de los flujos migratorios que atraviesan el continente. En consecuencia, es necesario establecer mecanismos y salvaguardas específicas para identificar a las personas necesitadas de protección internacional dentro de esos flujos migratorios.

ANALISIS:


Enfocar: Para entender la realidad de las personas que solicitan asilo, es necesario, por un lado, poner el foco en las crisis humanitarias y en las vulneraciones de los DDHH que estas personas sufren en sus países, por otro lado, en las políticas de asilo de los países de destino, donde en los últimos años se puede observar un siempre mayor enfoque sobre la seguridad nacional y una creciente criminalización de las personas refugiadas.

Actuar: Varias agencias internacionales y nacionales trabajan para proteger el Derecho de asilo y brindar apoyo a las personas que lo solicitan con el fin de garantizar su refugio en el país de acogida. Sensibilizar y denunciar las vulneraciones de este derecho y proponer medidas para fomentar su cumplimiento es el primer paso para empezar a ser parte de la solución.

· El Derecho de Asilo no es solo una cuestión humanitaria, sino está recogido por el Derecho Internacional y es una obligación de los Estados. Está contemplado en la Declaración de los Derechos Humanos (1948), en la Convención de Ginebra (1951), en el protocolo de Nueva York (1967), en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2017), y en España en la Constitución Española (1978) y en la Ley de Asilo. No obstante, la decisión de varios países de blindar las fronteras y no ofrecer vías legales para solicitar asilo supone un retroceso en el Derecho de Asilo y una vulneración de este derecho y de otros derechos fundamentales que con él se ven afectados.

Cada persona desplazada tiene una historia que contar y razones por huir buscando refugio en otro país. Los testimonios de personas que han sufrido persecuciones, vulneraciones de los derechos humanos, así como los efectos de crisis humanitarias en sus países nos ponen frente a experiencias muy dolorosas, tanto en su país de origen, como durante el viaje que emprenden para buscar refugio. Dar voz a sus experiencias y escucharlas es el primer paso para entender la importancia del cumplimiento del derecho humano al asilo.

Vulneración de los Derechos Humanos en el país de origen y en las fronteras:

Los desplazamientos forzosos de las personas que piden asilo surgen en la necesidad de huir del país de origen por violencias, guerras, crisis humanitarias, desastres naturales, persecuciones y vulneraciones de los Derechos Humanos. En muchos casos, además, los mismos campos de refugiados o centros de detención fronterizos en los que se encuentran, ofrecen condiciones indignas.

Las vulneraciones de los derechos en el país de origen incluyen todo tipo de violencias. Algunas personas tienen que huir incluso por violencia de género, orientación sexual, matrimonio forzado, entre otros motivos.

La crisis de los refugiados es una crisis de derechos, en la que se vulneran varios derechos fundamentales, como el derecho a la salud y el derecho a la vida.

· Vías mortales hacia el refugio: A pesar de los esfuerzos por cerrar las fronteras en todo el mundo, tanto en Europa, como en Centro América, los refugiados y los migrantes continúan arriesgando sus vidas en indignos medios de transporte, tratando de cruzar las fronteras.


Propuestas para mejorar la migración

 1.    DAR ACCESO AL ASILO (VIOLENCIA Y DEVOLUCIONES ILEGALES)

Todas las personas deberían poder entrar en otro país para pedir asilo: es un derecho humano. Aunque el proceso debería ser imparcial y efectivo, en la práctica muchos gobiernos dejan esperando años a quienes solicitan asilo sin darles una respuesta definitiva. Otros son devueltos a países donde su vida podría correr un peligro real.

Además, viajen por tierra o por mar, a las personas que huyen de situaciones de persecución o de guerras se les debe permitir cruzar las fronteras tengan o no documentos de viaje. Obligarlas a retroceder y levantar vallas colosales no hace más que forzar a las personas a tomar rutas más peligrosas en busca de seguridad.

También supone reasentar a todas las personas refugiadas que lo necesiten. El reasentamiento es una solución esencial para la mayoría de las personas refugiadas más vulnerables, como las supervivientes de tortura y las que sufren problemas médicos graves.

Ø  PROPUESTAS:


▪ Poner fin a las devoluciones ilegales en frontera.

▪ Acabar con cualquier forma de violencia en las fronteras.

▪ Asegurar el acceso a la justicia a personas migrantes víctimas de violencia, el acceso a atención psicológica y rehabilitación.

▪ Garantizar el acceso a los procedimientos legales establecidos y a las garantías debidas: acceso a la información, asistencia letrada, intérprete, acceso a tutela judicial y posibilidad de solicitar protección internacional.

▪ Garantizar que la detención sea una medida excepcional, no discriminatoria en función de la nacionalidad y que no se utilice nunca en el procedimiento de identificación. En ningún caso podrá detenerse a niños y niñas.

▪ Valorar el tiempo de estancia, los vínculos familiares y del proceso de integración en los procesos de expulsión de personas en situación irregular a fin de evitar expulsiones.

▪ Eliminar las restricciones geográficas en los países de tránsito y destino.

 

2.    RESCATE, SALVAMENTO Y VIDAS HUMANAS EN TRÁNSITO Y FRONTERA



Los líderes mundiales deben también dar prioridad a salvar vidas. Nadie debería haber muerto cruzando una frontera; sin embargo, sucede todo lo contrario ejemplo de ello en la frontera de México y Estados Unidos, y la selva del Darién Colombia.

En mayo de 2015, miles de personas que huían de la persecución en Myanmar estuvieron sufriendo durante semanas a bordo de barcos, mientras Tailandia, Malasia e Indonesia discutían sobre quién debía ayudarlas.

Los Estados deben poner fin a estas situaciones invirtiendo en operaciones de búsqueda y salvamento y prestando de inmediato ayuda a las personas en dificultades.

Ø  PROPUESTAS:

En lo que se refiere a las operaciones de rescate y salvamento:

▪ Incrementar los recursos técnicos y económicos destinados a las operaciones de rescate.

▪ Favorecer un enfoque multidisciplinar y no militarizado en el rescate y salvamento de las personas migrantes y refugiadas.

▪ Establecer un mecanismo que garantice una mayor transparencia, control y monitoreo de las operaciones de rescate.

▪ Cambiar el enfoque de las políticas migratorias basadas puramente en la seguridad hacia un enfoque de protección y derechos humanos.

▪ Facilitar la observación de las organizaciones de la sociedad civil en las operaciones de rescate.

▪ Garantizar que los trámites de información e identificación se produzcan una vez en puerto seguro y nunca durante el rescate ni en la embarcación.

▪ Establecer mecanismos de intercambio de información entre las organizaciones de la sociedad civil garantizando la confidencialidad y un tratamiento adecuado de los datos.


En los países de tránsito y en fronteras:

▪ Eliminar los obstáculos a la ayuda humanitaria, poner fin a la criminalización de las ONG que trabajan en el rescate y acompañamiento de personas migrantes y solicitantes de asilo.

▪ Proteger la vida de las defensoras y defensores de los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

▪ Poner en marcha programas de formación continua en derechos humanos a todos los agentes implicados que operan en tránsito y en frontera, especialmente a policías, autoridades migratorias y fuerzas de seguridad.

▪ Favorecer la libre circulación y poner en marcha más vías seguras para evitar el riesgo y la pérdida de vidas humanas.

▪ Garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes, así como a personas que pertenezcan a grupos vulnerabilizados como la comunidad LGTB y mujeres.

▪ Sensibilizar y capacitar a los medios de comunicación en el tratamiento apropiado de la información sobre personas migrantes y refugiadas.


3. VÍAS LEGALES Y ACCESO A LA PROTECCIÓN

Ø PROPUESTAS:

▪ Favorecer una política de apertura en la concesión de visados.

▪ Impulsar la emisión de visados humanitarios para que exista un procedimiento legal con garantías y posibilidades de recurso.

▪ Potenciar y facilitar el reconocimiento de protección internacional razones humanitarias en los países de destino.

▪ Garantizar el acceso a las embajadas y consulados de países de destino en países de tránsito para facilitar el traslado y formalizar las solicitudes de asilo en destino.

▪ Favorecer la reunificación familiar, agilizar los procedimientos y ampliar el concepto de unidad familiar.

▪ Garantizar la asistencia jurídica gratuita desde el inicio del proceso de registro e identificación.

▪ Poner fin a la detención de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.

▪ Asegurar un adecuado funcionamiento de los sistemas de asilo.

▪ Dar seguimiento a las condiciones de vida de las personas refugiadas, garantizar el acceso de derechos.

▪ Garantizar e implementar sistemas de alerta temprana para la detección y protección inmediata de personas con necesidades especiales.

▪ Asegurar un tratamiento diferenciado que responda a las necesidades de personas en situación de especial vulnerabilidad en la tramitación de solicitudes de asilo.

▪ Garantizar recursos humanos y presupuestos suficientes para la identificación de necesidades y creación de equipos multidisciplinares con formación específica y continuada.

▪ Evitar que las condiciones de acogida aboquen de forma sistemática a todas las personas a situaciones de vulnerabilidad.

▪ Asegurar que en todo momento sea protegido y garantizado el interés superior de la infancia.

▪ Garantizar en todo momento la aplicación del enfoque de género para determinar la situación de las mujeres y personas LGTB.


DEBATE:

¿Inmigrantes o refugiados? Qué los distingue:

Cuando hablamos de migrantes no siempre distinguimos entre los que huyen de una guerra o los que emigran en búsqueda de un trabajo o de una vida mejor. La diferencia no es semántica, puesto que de eso depende la condición que permite a un migrante ser considerado jurídicamente un refugiado, y de ahí poder obtener el asilo. Solo los que respondan a una serie de condiciones pueden conseguir la protección deseada en países de acogida.
Los refugiados

El Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) define los refugiados como aquellas personas que huyen “para salvar sus vidas o preservar su libertad”. Los refugiados, a diferencia de los migrantes por razones económicas, tienen derecho a pedir asilo siempre y cuando puedan demostrar que provienen de un país en conflicto donde las circunstancias le obligan a buscar refugio fuera de sus fronteras, o donde existen “fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas”, según afirma el Estatuto del Refugiado de la ONU de 1951, modificado en 1967. Los que van en búsqueda de un trabajo en el exterior no pueden, por lo tanto, considerarse refugiados.

Los migrantes

Pese a la falta de una definición de migrante aceptada internacionalmente, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) califica como migrante todas aquellas personas que se mueven de sus países por “conveniencia personal” y como resultado de una decisión tomada libremente. La OIM distingue entre migrantes documentados e indocumentados. Los primeros son inmigrantes cualificados, que se mueven con un contrato laboral bajo el brazo o que tienen derecho a reunirse con un familiar. El migrante irregular, en cambio, es quien entra de forma ilegal o que, al vencer el término de su asilo, no deja el país de acogida. Ellos son los que se suelen llamar “clandestinos” o “sin papeles”, y que la OIM define como “migrante indocumentado” o “migrante en situación irregular”.

El migrante económico es quien busca una mejora de sus condiciones de vida en otro país. Para la OIM son inmigrantes económicos tanto los que intentan entrar en un país sin permisos legales o intentando falsificar sus expedientes para obtener asilo, como los trabajadores que se desplazan de estancia fuera de su país a través de contratos laborales temporales.

El derecho de asilo

Las personas que demuestran ser refugiados pueden solicitar el derecho de asilo. Según explica ACNUR, cuando se realizan huidas masivas de países en guerra a los migrantes se les considera refugiados de prima facie (a primera vista), a la espera de que cada petición de asilo sea analizado adecuadamente. Este caso puede darse, por ejemplo, a los sirios que están viendo su país devastado por una guerra civil, o los eritreos, que pueden declarar que se enfrentan a uno de los regímenes más represivos del mundo. La agencia de la ONU para los refugiados calcula que cada año hay alrededor de un millón de personas que pide asilo. En 2014, los que solicitaron asilo fueron un 54% más que en 2013, y el 60% de las solicitudes del año pasado se concentraron en cinco países: Alemania, Estados Unidos, Turquía, Suecia e Italia. Los últimos datos de ACNUR sitúan a Siria como el principal país emisor de personas refugiadas (3,5 millones) y con más desplazamientos internos (6,5 millones).

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

No toda vulneración del derecho a la igualdad constituye un acto discriminatorio, pero toda vulneración del derecho a la no discriminación afecta al derecho a la igualdad. Debemos distinguir entre estereotipos (imágenes e ideas aceptadas comúnmente sobre un grupo), prejuicios (juicios previos que se forma una persona sobre otra o sobre un grupo o situación) e incidente discriminatorio (cualquier hecho percibido como discriminatorio por quien lo padece, o cualquier otra persona) Son muchas las causas de discriminación, entre otras: edad, orientación sexual e identidad de género, origen racial o étnico, discapacidad, religión y creencias, y un lamentable largo etcétera.

 

LA VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE FUNCIONARIOS

 

Nunca nada parecido a lo que acontece en este (en mucho) triste Siglo XXI para los extranjeros de países socialistas como CUBA y VENEZUELA, quienes han debido escapar masivamente a situaciones invivibles, contrarias desde muchas perspectivas al goce efectivo de los derechos humanos, pues muchos estados incumplen gravemente sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Así, primero la marcada inseguridad personal, y luego la deplorable situación económica, llegando al extremo del desabastecimiento alimenticio y de salud, y la espantosa e inclemente persecución y represión a la disidencia política, todo acompañado por una clara política segregacionista y de generación de violencia en todos los ámbitos, han impulsado a los venezolanos y a los cubanos, notablemente los jóvenes y los empresarios y profesionales, pero también familias enteras, a buscar mejores oportunidades de vida en otros países.

Para muchos, el aeropuerto y el mar ha sido la única salida al grave problema nacional dentro de sus países.

Algunos migrantes tuvieron posibilidad de tramitar visas de estudiantes, emprendedores, comerciantes, turista, de modo de estar en condiciones legales para su inserción, sustento y tranquilidad, aunque fuere pasando penurias, pues muchos han tenido que aceptar empleos de menor nivel, o en actividades totalmente distintas como el mantenimiento, etc., no obstante, sus títulos universitarios, credenciales o experticias.

Esta ha sido la situación de la gran mayoría: gente enfrentándose a penurias, riesgos e incertidumbre, a cambio de un mínimo de calidad de vida, para poder escapar del autoritarismo.

En estas circunstancias, algunos, pero cada vez más, frente a la imposibilidad de obtener un estatus legal de permanencia en su país de destino, no solamente por las eventuales trabas propias de las legislaciones internas, sino también por las dificultades desarrolladas por las autoridades de sus países en cuanto concierne a la consecución de documentos legales, apostillado, antecedentes penales, etc., sumado ello a la ausencia de protección consular, no renovación y hasta anulación de pasaportes, etc., han ido pensando en las figuras de refugiado y de asilado.

lunes, 18 de abril de 2022

Cuba, denunciada ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU - Denuncia de Prisoners Defenders


Denunciamos a Cuba ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas por violaciones sistemáticas de los derechos de los niños.



La denuncia demuestra el encarcelamiento político de decenas de niños y la separación de más de 5.000 padres de sus hijos

En el marco de la revisión de Cuba por el Comité de los Derechos del Niño para su 90ª Sesión (03 de mayo 2022 - 03 junio 2022), Prisoners Defenders presentó la denuncia el pasado viernes, 15 de abril, por violaciones sistémicas a los Derechos del Niño en Cuba.

Hemos expuesto la persecución y procesamiento penal de niños desde los 13 a los 17 años por motivos de conciencia, con un detallado informe jurídico de 22 de los casos de prisión política de niños en la isla y la enumeración y detalles de otros 14.

Por otro lado, hemos trasladado los casos de miles de niños, hijos de profesionales, que son separados forzosamente de sus padres y madres durante 8 años para castigar a sus progenitores por no continuar un contrato de trabajo civil en el extranjero o, tras terminarlo, no regresar de inmediato a Cuba, aplicando la Ley de los 8 años y decretando que son “desertores” y “traidores a la patria”. 

Lo hemos demostrado más allá de toda duda razonable con un completo estudio con todo tipo de documental probatoria y más de 1.111 testimonios sobre la separación forzosa familiar de más de 5.000 niños actualmente. Ya han sido más de 20.000 los niños afectados por esta separación forzada, lo que está generando un río de enfermedades emocionales, mentales y físicas. 

Una auténtica pandemia sobre la infancia generada por la represión del régimen de Cuba para castigar a los padres y amedrentar a más de 50.000 profesionales de trabajo civil en el extranjero para que no “deserten”, pues de ellos el régimen extrae desde el 80% al 95% del salario con los que empresas multinacionales implicadas y otros gobiernos remuneran sus servicios.


Prisión política de niños

Presentamos los casos de 36 niños registrados en la lista de prisioneros políticos que Prisoners Defenders actualiza mensualmente. De los 36 menores procesados en el marco de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, 22 los casos que analizamos bajo denuncia detallada, y 14 enumerados e identificados someramente por el escaso tiempo para la elaboración de esta denuncia, dado el plazo de 7 días que tuvimos para la elaboración y presentación. 

Sin embargo, podemos extrapolar que los casos de los 14 presuntos menores indicados como procesados y bajo privaciones diversas de libertad son muy similares a los estudiados en profundidad. Las edades comprenden desde los 13 años hasta los 17 años.

Separación forzosa de más de 5.000 niños de sus padresEn este informe demostramos la existencia de la separación forzosa actual por 8 años de entre 5.000 y 10.000 menores de sus padres y/o madres, mediante numerosas pruebas irrefutables, como una serie de Certificados Consulares, de validez legal internacional, emitidos por el Gobierno de Cuba para un procedimiento judicial en curso en un país europeo, donde se explica esta metódica en Cuba -la llamada Ley de los 8 años-. 

Igualmente, también presentamos documentos probatorios muy diversos (Convenios, contratos y muchos otros documentos) y testimonios de 1.111 profesionales cubanos que han sufrido esta expatriación/repudio forzado por 8 años, una pequeña muestra del total de los afectados, de los cuales el 48% tenía hijos menores durante el trabajo en el extranjero.








viernes, 15 de abril de 2022

Juicios por las protestas del 11J: "En Cuba hay niños presos políticos"



El Gobierno no confirma ni desmiente datos de activistas sobre los juicios a manifestantes del 11 y 12 de julio en Cuba. "Los conflictos políticos se siguen acumulando", advierten familiares y activistas.

"Tengo a mis tres hijos y mis dos sobrinos presos”, dice a DW Emilio Román. A un tercer sobrino, "le dieron una fianza de dos mil pesos y lo soltaron, porque las cámaras lo vieron en el grupo, pero no tirando piedras”, agrega desde el barrio periférico habanero de La Güinera. Allí vivía Diubis L.Tejeda, el único muerto que reconoce el Gobierno, por un disparo policíal en choques que dejaron también varios heridos, durante las masivas protestas del 11 y 12 de julio de 2021 (11J), en más de 60 localidades de Cuba.

Los familiares de Román son jóvenes a los que se les piden penas que les harían salir de prisión con el doble de su edad actual. Su hijo pequeño era aún menor de edad en el momento de su detención. "Salieron a la calle a comprar cigarros y se encontraron con la manifestación. Como nunca se había visto esta situación en Cuba, se unieron al grupo y empezaron a gritar por la falta de todo que hay” en el país, cuenta Emilio sobre sus hijos. Al menor, Emiyoslán Román Rodríguez, que cumplió 18 años en prisión, la Fiscalía le pide 15 de privación de libertad. A su hija, Mackyani (de 24), y al mayor, Yosney (de 25), les piden 25 y 20 años de encierro respectivamente.

Les acusan de sedición. "Ellos les pusieron esos cargos porque les dio la gana, porque ellos lo que hicieron fue gritar ‘abajo la dictadura', ‘no tenemos comida ni medicinas', y ‘abajo Díaz-Canel'. La Policía les tiró piedras y ellos las devolvieron de nuevo para atrás. No entiendo por qué les pidieron tantos años a todos los de la Güinera”, cuestiona Emilio Román. En prisión, "los han tratado muy mal. En estos momentos tienen sarna. Los tienen allí como si fueran la peste bubónica”, se queja, y denuncia también malos tratos a los familiares durante las visitas.
Detenciones, desapariciones temporales y "sanciones excesivas"

Las autoridades no han dado cifras oficiales. Pero Justicia 11J, un grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos, en el que se han articulado sobre todo mujeres activistas dentro y fuera de la isla, en colaboración con la ONG de asesoría jurídica Cubalex, ha conseguido "un subregistro” de 1.377 personas detenidas. Muchas estuvieron varios días "en desaparición forzada” y denunciaron "tortura física y psicológica”. 727 continúan privadas de libertad, incluidas 70 mujeres y 15 niños.



Este registro independiente está actualizado con información de familiares, peticiones fiscales, sentencias y los escasos reportes iniciales de la prensa estatal, aclara a DW la abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex. Según el documento, más de 360 personas han sido ya juzgadas. Entre ellos, algunos excarcelados, bajo fianza o en prisión domiciliaria, tendrán que reingresar a prisión.

En el mismo mes de julio de 2021, el Estado reconoció la celebración de más de 60 juicios sumarios . Desde octubre, coincidiendo con la solicitud de autorización para la frustrada marcha del 15 de noviembre (15N), las activistas documentaron más de 90 nuevas detenciones. Además, comenzaron a conocerse peticiones fiscales "con sanciones excesivas” para las más de 300 personas que enfrentan ya los primeros juicios ordinarios por participar en las protestas de julio o filmarlas y publicar material en red. Más de 160 aún no tienen fecha programada y a casi la mitad se les solicitan penas "desproporcionadas” de más de 10 y hasta 30 años de cárcel, resume Diversent.
"Ensañamiento con las personas más pobres”

Se les acusa de desacato, desorden público, incitación a delinquir, propagación de epidemias, atentado. Pero las peticiones más altas están asociadas al delito de sedición. Y este "solo se ha usado contra manifestantes de barrios específicos”, asegura la activista Salomé García Bacallao, coordinadora de Justicia 11J.

Bacallao denuncia "un evidente ensañamiento con las personas más pobres”, e ilustra con los barrios de Toyo, en el habanero municipio de 10 de octubre, La Güinera, en Arroyo Naranjo, y algunos de los repartos más pobres de la provincia de Holguín. En Cárdenas, cercana al balneario de Varadero, en Matanzas, los delitos imputados a personas involucradas en situaciones de violencia similares son menos graves: "La ley no se aplica por igual”, insiste.

Como sea, hasta donde han podido documentar tanto Justicia 11J como Cubalex —especialmente gracias a los múltiples videos difundidos en redes sociales—, las situaciones de violencia en que desembocaron algunas de las protestas de julio, incluida la vandalización de tiendas, "se produjeron como reacción a situaciones violentas generadas por el propio Estado", recalca Bacallao.
"Evidente discriminación"

"Los policías también insultaron a las personas durante las detenciones, las hirieron, las trataron con violencia en los centros de reclusión. Hemos documentado muchísimos tratos crueles y degradantes", asegura la coordinadora de Justicia 11J. Se les ha negado atención médica para enfermedades preexistentes o contagiosas, incluso a niños. Y, cuando se les ha dado, "les llevan a hospitales pediátricos, aunque les dan tratamiento penal como adultos y no les permiten a sus familiares estar presentes", agrega Bacallao, quien insiste sin descanso en que "en Cuba hay niños presos políticos".

En la judicialización de todos estos casos, estamos viendo una "evidente discriminación”, dice además. Pues "solamente están siendo enjuiciados por supuestos actos violentos las personas que recibieron la represión por parte de agentes estatales y paraestatales”. El policía que disparó a la única víctima mortal oficialmente reconocida "ni siquiera tiene aún cargos imputados”. Y lo mismo vale para los partidarios del Gobierno que respondieron con palos a la "orden de combate” dada en televisión por el presidente Miguel Díaz-Canel, cuando las protestas aún no habían degenerado en disturbios, subraya.
Los juicios ordinarios comenzaron a desarrollarse en la segunda mitad de diciembre de 2021, aprovechando la distracción de la sociedad y los medios en la semana de Navidad, "para que los presos sientan que no le importan al mundo”, denuncia la coordinadora de Justicia 11J. La semana del 10 al 14 de enero de 2022, al menos 66 personas fueron juzgadas en cuatro juicios en cuatro provincias del país. Entre el 17 y 21 de enero, otras 45 personas serán juzgadas en tres juicios en dos provincias.

Se han realizado a puertas cerradas, con operativos policiales que impiden la asistencia a las audiencias de más de un familiar por acusado, de testigos oyentes u otros miembros de la sociedad civil o la opinión pública. "No les permiten a los familiares comunicarse ni con los detenidos ni entre ellos", informa Bacallao. "Eso es una violación de la garantía del debido proceso", denuncia por su parte Diversent.

"La información sobre lo que sucede en los juicios la obtenemos a través de los familiares", que reportan contradicciones entre los testigos, e incluso un juicio suspendido por falta de evidencias, explica la directora de Cubalex. Adicionalmente, las peticiones fiscales confirman que la mayoría de los testigos que propone la Fiscalía contra los manifestantes son los propios agentes estatales y paraestatales que ejercieron violencia contra los ellos, confirma.


Se persigue un "efecto ejemplarizante”, dice, "que la población perciba que salir a manifestarse contra las políticas gubernamentales es interpretado como un delito contra la seguridad del Estado”. A esto se agrega, como "estrategia para aliviar la presión”, el exilio forzado de activistas, periodistas y artistas críticos, que oficialmente no podrían salir del país por estar sometidos a procesos penales, señala Diversent, exiliada con su equipo en EE. UU.
Silencios, miedo y resistencia

El Gobierno no ha respondido hasta ahora a las solicitudes de comentarios sobre los juicios hechas por diversos medios de prensa extranjera, incluido DW. La oficina de UNICEF en Cuba, por su parte, se limitó a responder que "está en contacto permanente con las autoridades cubanas”, en un correo al canal hispano estadounidense Telemundo, luego de que UNICEF Latinoamérica solicitase públicamente "información adicional verificada” sobre "los presuntos casos de detenciones de niños y niñas reportados en Cuba”.
Dentro y fuera de la isla, la sociedad civil cubana se ha organizado para apoyar a los familiares de los manifestantes en el pago de multas, abogados, alimentos, artículos de higiene, abrigo y calzado para los encarcelados, confirman las activistas. Sin embargo, califican de "tibia” la reacción de la comunidad internacional; así como de la prensa extranjera acreditada en la isla, que apenas comenzó a cubrir los juicios en enero, tras campañas de activistas y familiares, que también pidieron apoyo de delegaciones diplomáticas.



"La visibilidad es determinante" para generar algún tipo de presión sobre el Gobierno, advierte Diversent.

En medio de esta crisis política, y de la omnipresente crisis económica, hay "un gran número de personas tratando de irse del país de manera desesperada”, asegura la jurista. Pero la válvula migratoria abierta con una exención de visado para cubanos en Nicaragua no será suficiente, opina.

El Gobierno "ha intimidado lo suficiente, pero ha generado también muchísima resistencia” de madres, padres y familiares, especialmente de menores. Conocer estas elevadas peticiones fiscales les ha hecho superar el miedo inicial a "denunciar la injusticia, a abrir la puerta a la prensa” independiente y extranjera, observa la directora de Cubalex.
Conflictos que se acumulan

Los familiares "han sentido el apoyo de la sociedad civil y han comenzado a organizarse, en grupos de redes sociales y mensajería privada, para exigir por sus hijos”, cuenta Diversent. "La sociedad cubana está en contra de toda esta situación. Muchos me apoyan”, asegura Emilio Román. Pero, "a veces, me he deprimido completamente. He estado día enteros trancado en mi casa llorando".

Sin acompañamiento internacional, advierte Bacallao, "es muy difícil que los cubanos se vuelvan a sentir empoderados para volver a salir a las calles". Sin embargo, dice, sigo pensando que "va a volver a ocurrir", porque "no se ha producido ningún cambio que dé solución a los conflictos políticos que, por el contrario, se siguen acumulando". (ms)

Cuba.Continúan las escandalosas condenas por las protestas del 11J y la burocracia fustiga a “La Joven Cuba”


En el mes de marzo se han llevado a cabo dos juicios por las protestas del 11 de julio. El primero por las que protagonizaron los sectores pobres de Esquina de Toyo y La Güinera en La Habana, donde se condenó, en juicio masivo, a 127 personas con penas de hasta 30 años; el segundo por las protestas en San Antonio de los Baños contra 17 manifestantes con condenas de hasta 10 años.

El 23 de marzo, un total de 17 personas fueron condenadas a entre 3 y 10 años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado en San Antonio de los Baños (occidente de la isla). En esta ciudad, a 35 kilómetros de La Habana, fue donde se produjo la primera manifestación de aquel día, que luego se reprodujo por otras ciudades provocando las mayores protestas en Cuba en décadas.

Según el fallo del Tribunal Municipal de San Antonio de los Baños, los 17 acusados —de entre 22 y 67 años y casi todos hombres— fueron mayoritariamente condenados por “desacato” y “desórdenes públicos”, aunque alguno fue asimismo considerado culpable del “delito de atentado”. Todos los condenados, subraya el fallo del Tribunal Municipal de San Antonio de los Baños, "se desempeñaron como líderes del disturbio y cometieron las acciones delictuosas".

Esta sentencia se dio a conocer días después del fallo conjunto por las seis causas ligadas a las mismas protestas en Esquina de Toyo y La Güinera, dos puntos barriadas pobres de La Habana. Este fallo condenó a penas de hasta 30 años de cárcel —1.916 años en total— a 127 de los 129 encausados, mientras que uno recibió cuatro años de "trabajo correccional" y otro quedó absuelto. Ocho condenados tenían entre 16 y 17 años.

Se trata de sentencias escandalosas violando los más mínimos derechos elementales. Sobre estas condenas masivas solo se ha informado de manera general, se desconocen las causas dictadas a cada detenido y sus respectivas edades.

Estos juicios de marzo con fuertes condenas se suman a otros que fueron realizados entre julio, octubre, diciembre, enero y febrero en los que las condenas han variado desde multas hasta dictámenes que van de los 14 a 30 años de cárcel. Son constantes las denuncias de familiares y activistas por fabricación de pruebas. El objetivo de la burocracia cubana con estas condenas y toda su política represiva es amedrentar a quienes están descontentos con su política económica y social, y acallar todo tipo de protestas, mientras aceleran un giro aperturista y medidas económicas que recaen violentamente contra el pueblo.

Desde esa histórica jornada de movilizaciones del 11 de julio, se ha producido un profundo giro represivo por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel que detuvo violentamente a alrededor de 1500 manifestantes (durante las protestas y en los días posteriores). De ellas, al menos 756 continúan en centros de reclusión. Según la Fiscalía General de Cuba, en el país se ha procesado por las protestas del 11 de julio a 790 personas, de las que 55 tienen entre 16 y 17 años.

Destaca entre las sentencias de San Antonio de los Baños, los seis años de prisión por dos delitos de desacato y un delito de desórdenes públicos para Yoan de la Cruz Cruz, unos de los primeros jóvenes que empezó a retransmitir en directo por redes sociales las protestas. La sentencia asegura que "transmitió en directo por las redes sociales lo que acontecía, con lo que provocó que tales actos fueran visualizados dentro y fuera del país y que en diferentes municipios y provincias se imitaran las nocivas acciones". Ejemplo de que la burocracia prohíbe y persigue la más básica libertad de expresión.

Recalquemos que el pasado 11 de julio se produjeron en Cuba las mayores protestas antigubernamentales en décadas, unas manifestaciones espontáneas y masivas ligadas a la grave crisis económica que atraviesa el país y que fueron una respuesta, en los hechos, a las políticas de la burocracia gobernante como fue el plan de ajuste y apertura económica Tarea Ordenamiento, que representó una verdadera política de shock contra los trabajadores y el pueblo, con un 2400 % de devaluación de la moneda y aumentos a las tarifas y los precios de los productos básicos.

El procesamiento y los procesos judiciales contra los manifestantes, así como las terribles y severas penas que incluyen estos cargos de “sedición” como respuesta al simple hecho de manifestarse, muestran el carácter represivo del gobierno cubano de Díaz-Canel. que viene impulsando las mencionadas medidas económicas y sociales profundamente antipopulares.

Incluso, cualquier protesta en defensa de los recluidos por las manifestaciones del 11J es reprimida inmediatamente, tal como sucedió a finales de enero de este año cuando fueron reprimidos y detenidos Leonardo Romero Negrín, Alexander Hall, Tata Poet, Carolina Barrero, Camila Rodríguez y Daniela Rojo, que luego fueron liberados, y en el caso de Carolina Barrero, impulsora del movimiento Justicia 11J, obligada a exiliarse. Lo mismo aconteció con la detención del joven universitario, poeta y músico, Abel Lescay a comienzos de febrero, y sobre quién aún está pendiente un juicio.

Es urgente el llamado a la solidaridad internacional con los detenidos y manifestarse abiertamente contra la represión y los juicios sumarios en Cuba, así como por el derecho a la protesta y por la libertad inmediata y plena de todos los detenidos de las protestas del 11 de julio.
El hostigamiento a los responsables del portal de izquierda La Joven Cuba

A la par de estas aberrantes condenas a los presos de las protestas del 11J, y en el marco del giro represivo del gobierno, un canal oficialista en un programa arremetió contra los integrantes del portal La Joven Cuba, tildándolos de “contrarrevolucionarios y fascistas”. En dicho programa el portavoz justifica sin ningún problema todas las detenciones y condenas escandalosas contra los presos de las protestas del 11J, aludiendo que se respetaron todos sus derechos.

Como declaran los integrantes del colectivo Comunistas “Que en Cuba un medio de prensa sea señalado como ‘contrarrevolucionario y fascista’ por parte del gobierno, es dar la orden de destruirlo y perseguir a los miembros de su comité editorial y colaboradores”.

El supuesto motivo que sirvió de pretexto a estos ataques contra La Joven Cuba fue la publicación del "Manifiesto contra el silencio, por la justicia" del 21 de marzo, dirigido “A la Comunidad Artística e Intelectual cubana”, el cual en lo esencial aboga por el derecho a la manifestación y por los presos de las protestas del 11 de julio exigiendo su libertad, y reclamando por una amnistía para los detenidos. Entre los firmantes figuran Leonardo Romero Negrín, Fernando Pérez, Alex Fleites, Teresita Díaz-Canals, Alexander Hall, Alina Bárbara López, Mario Valdés y Miguel Hayes, entre otros y otras.

Defender el derecho de prensa y manifestación en Cuba es fundamental, como parte de defender el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a organizarse y asociarse sindical y políticamente de manera independiente del Estado y sus organismos, si así lo desean. El derecho a la libertad de reunión, a las asambleas y deliberaciones en los lugares de trabajo, a la manifestación, a la huelga, a la libertad de prensa, el pleno derecho a la libertad de los sindicatos y toda forma de organización que se puedan dar los trabajadores. Por eso, repudiamos el hostigamiento y la persecución contra los responsables de la Joven Cuba por parte del gobierno cubano y los medios de comunicación oficialistas.

“Nada de qué arrepentirme”: familiares de los condenados en Cuba por el 11-J denuncian un ‘show’ judicial

Familiares de los detenidos en las protestas de 2021, en su mayoría jóvenes condenados a hasta 30 años de prisión, denuncian que los juicios son una farsa y que los abogados no pueden ejercer la defensa.

Todo dependerá del día del juicio. Si Jonathan Torres Farrat, de 17 años, dice delante del Tribunal Provincial de La Habana que se arrepiente, que efectivamente se retracta de cualquier cosa que haya hecho, cualquier mínima cosa, saldrá de la cárcel ahora y no con 25 años, cuando su hijo recién nacido tenga la misma edad de su sentencia. Este es el mensaje que el abogado le ha dejado saber a su madre, para que a su vez se lo haga llegar a él a la prisión. Es la noche del 21 de marzo y Bárbara Farrat se mece en un sillón en la sala de su casa, ubicada en la Calzada de 10 de Octubre, mientras afuera hay varios agentes que no le permiten salir a la calle. A las 8:23 PM comienza un video en directo a través de Facebook en el que dice: “Mi nombre es Bárbara Farrat Guillén, soy la madre del menor Jonathan Torres Farrat, el cual se encuentra preso hace siete meses”.

Con una rabia evidente que ha aprendido a contener, la piel llena de surcos a sus 33 años, las cejas tatuadas, el pelo trenzado y teñido de rojo desde la mitad hasta las puntas, Bárbara se ha convertido en un rostro familiar para los cubanos, como madre que es de uno de los menores de edad detenidos durante las protestas populares del pasado 11 de julio, las mayores ocurridas en la isla en más de seis décadas desde el triunfo de la revolución. Hasta entonces era manisera y su esposo también. Por años ambos tostaron los granos de maní, hicieron cucuruchos con hojas de papel, prepararon, según la demanda, maní salado o garapiñado. “Todo lo vendía acá en mi barrio. Tenía buena clientela”, dice. Después de la persecución de las autoridades cubanas, vive básicamente de ayudas y de la pensión que recibe por su condición de paciente seropositiva.

Días después de aquel estallido social único a lo largo de la isla, en el que participaron miles de personas, Bárbara, que nunca había estado involucrada en ningún tipo de resistencia política contra el Gobierno, se declaró abiertamente activista por los Derechos Humanos. “Hoy me declaro activista, porque este Gobierno destruye familias, este Gobierno no cree en su pueblo”, se le oyó decir en Facebook. Todo lo que el Gobierno ha atajado desde el pasado mes de julio es lo que Bárbara ha terminado siendo. Una disidente. Desde esa fecha, los padres de los detenidos en las protestas —la mayoría muy jóvenes— se han dividido en quienes prefieren no denunciar porque consideran que así no molestarán a sus hijos en la prisión; quienes han pedido disculpas públicamente en la televisión nacional y han mentido con tal de que los liberen o los dejen en paz, y quienes como Bárbara han decidido denunciar el estado de injusticia desatada contra los manifestantes. A unos y a otros Bárbara los entiende perfectamente. “No creo que la mejor solución es quedarse callados, pero son padres. Simplemente son padres”, dice.


Desde que Jonathan está detenido en la cárcel Jóvenes de Occidente en La Habana, conocida como Manto Negro, Bárbara ha hecho huelgas de hambre, ha renunciado a tomar su tratamiento para el VIH, ha convocado a ayunos por los presos políticos, ha denunciado los casos de otras madres de menores de edad detenidos tras las protestas, ha sido detenida ella misma por la policía, asediada, maltratada y amenazada con el destierro o con negarle las visitas a su hijo al penal, lo más importante que ahora mismo tiene. Esas visitas suelen ser, naturalmente, tristes. Unas veces asiste Farrat, otras su esposo y otras la pareja de Jonathan y su hijo. Jonathan es padre de un bebé que nació el pasado 27 de octubre, cinco meses después de que entrara a prisión. Farrat solicitó que Jonathan pudiera ir al hospital materno a reconocer a su hijo, pero le fue negado. Tampoco ha podido inscribirlo con sus apellidos. El día en que se conocieron, el bebé salió del hospital directo a la cárcel, y Jonathan no paraba de llorar. Los oficiales le permiten que los días de visita lo tenga en brazos durante el tiempo que dure la estancia. El resto de los familiares solo pueden darle un abrazo cuando llegan.

En el último encuentro de Bárbara con su hijo, Jonathan se había enterado de la petición fiscal de ocho años de privación de libertad por participar en la manifestación que comenzó en el municipio de San Antonio de los Baños, y que se extendió por varios territorios de la isla. Se le acusa de los delitos de desorden público, atentado y propagación de epidemias. Farrat llevaba un mensaje para su hijo de parte del abogado, el aviso de que su libertad inmediata dependía de su arrepentimiento el día del juicio. La respuesta de Jonathan fue precisa: “No tengo nada de qué arrepentirme. Si yo me arrepintiera, mi padre tal vez estuviera muerto”.

El 11 de julio del 2021, Jonathan cumplió 17 años. Mientras Bárbara estaba en casa preparando “algo rico de comida”, platanitos fritos, yuca con mojo, lo que más le gusta comer, el hijo salió a buscar al padre cuando supo que había estallado una manifestación en el barrio. Todavía Bárbara dice que su hijo no salió a manifestarse. Era su cumpleaños. Se lo ha explicado a la policía, a la Seguridad del Estado, al abogado. Pero los guardias cargaron con él. “Yo pensé que como es un muchacho iba a decir que se arrepentía, pero me dio una lección”, se le oye decir a Bárbara en su última transmisión en vivo. “Al punto que lo miré y le pedí disculpas y le dije que tenía la razón, que no tenía nada de qué arrepentirse. Tiene 17 años. Cada día me sorprende más”.

Hasta el momento se desconoce la fecha del juicio de Jonathan. “Se puede demorar lo mismo un mes, cinco meses, el tiempo que les dé la gana”, asegura Bárbara. Desde el estallido social, los tribunales cubanos han celebrado juicios a 519 personas, de un total de 1443 detenidos, de acuerdo con las estadísticas actualizadas del grupo Justicia 11J, integrado por ciudadanos que de manera independiente se unieron para rastrear nombres, edades, raza o lugar de residencia de las personas detenidas tras las protestas, a falta de información oficial, completa y transparente proveniente de las autoridades de la isla.

Aunque se han ido conociendo datos sobre esos juicios a cuentagotas. La semana pasada, el Tribunal Supremo de Cuba (TSC) dio a conocer las sentencias contra 129 cubanos que participaron en las manifestaciones de La Habana y que estaban acusados por hurto y sedición: 31 de ellos fueron condenados a penas de entre 20 y 30 años de cárcel, 25 a entre 15 y 19 años de prisión y 48 a entre 10 y 14 años. Un acusado fue absuelto, y otro recibió una pena de cuatro años “de trabajo correccional sin internamiento”.

Los juicios militares y las sentencias ejemplarizantes de hasta 30 años de prisión han sido el mayor escarmiento a los manifestantes, sus familiares y los cubanos en general. Son un mensaje directo de lo que podría pasar si alguien se atreve nuevamente a tomar las calles.
“El abogado no quiso ser parte del circo”

Del 20 al 23 de diciembre se celebró el juicio de Walnier Luis Aguilar, a quien notificaron el 16 de marzo que estaba condenado a 23 años de privación de libertad por sedición, el delito por el que han impuesto sanciones más elevadas, de acuerdo con las autoridades, para quienes alteran “el orden constitucional establecido en el país” y ponen “en riesgo la seguridad del Estado”.

“Como no tengo abogado, la sentencia me la dio mi hijo. El abogado nos abandonó en el juicio, porque no quiso ser parte del circo que estaban armando. Tiró los papeles y me dijo que no me podía defender. No lo entendí en ese momento, pero después sí, porque los juicios eran un montaje. No se podía hacer defensa, no se podían enseñar las fotos de las golpizas que les dieron a los manifestantes”, asegura el padre de Walnier, Wilber Aguilar García.
En el momento en que estallaron las protestas, su hijo había ido a comprar malangas a un puesto situado en la Calzada de La Güinera, uno de los barrios de La Habana donde más personas han sido procesadas por manifestarse y el lugar donde murió a causa de un disparo de la policía Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, la única muerte reconocida oficialmente por las autoridades cubanas.

“Tengo testimonios oficiales de que la jueza que dictó la sentencia empezó a llorar cuando todo el mundo salió. No pudo resistir el dolor porque sabe que la injusticia que se está cometiendo es mucha. ¡La jueza empezó a llorar después que se acabó el juicio!”, dijo Wilber en uno de sus muchos videos en Facebook, donde denuncia la situación de su hijo y otros presos políticos.

Walnier, quien tiene problemas cognitivos, cumplió hace unos días en la cárcel 22 años. Es negro, alto, fornido. En las fotos, parece feliz junto a sus dos hijas, muy pequeñas pero que llevan la cuenta de cuándo toca visitar a su padre, y han sabido detectar el momento en que la familia prepara la bolsa de alimentos para llevar a la cárcel. “Extraño la unión de la familia”, dice Wilber. “Aquí están en juego muchas cosas, aquí está en juego la separación de un padre y un hijo, la separación de una madre y su hijo, de una esposa de su esposo y de sus hijas. Han destruido una familia”.

Por las denuncias que constantemente hace de la situación de su hijo y de otros presos en redes sociales, Wilber ha sido amenazado por la policía política cubana. “Yo he pasado por muchos acosos, intimidaciones, pero no me he doblegado. Han acosado a muchos padres, a abogados, las personas tienen miedo. Pero no hay una ley en este mundo que me pueda decir que no puedo defender a mi hijo”.

Para el día en que Walnier cumplió los 22 años, le pidió a su padre que comprara un cake y le cantaran felicidades. Hay un video donde aparece toda la familia y una música de fondo que suena: “Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz”.
¿Habrá amnistía?

Si el martes 22 de marzo Niurka Rodríguez García recibía una llamada de la cárcel, significaba que su hija, Yunaiky de la Caridad Linares, había depuesto la huelga de hambre que comenzó cuando supo que había sido condenada a 14 años de cárcel por participar en las protestas que tuvieron lugar en la barriada habanera conocida como la Esquina de Toyo. Recibió la llamada. Eso era un alivio. La policía cargó con Yunaiky no el 11 de julio, sino el 21, cuando un oficial de la Seguridad del Estado le pidió a su abuela, de 62 años, que le permitiera hablar con ella. “Dijo que la traía rápido, que era solo para hablar, y todavía la estoy esperando”, dice la madre.

El juicio a Yunaiky y a otros 32 manifestantes tuvo lugar a finales de enero, a puertas cerradas, con el acceso de solo un familiar y sin que permitieran la entrada de la prensa. Días después del juicio, la madre relató en Facebook que Yunaiky se había arrepentido de haberse subido a una patrulla policial a modo de protesta en su barrio, donde hubo confrontaciones entre militares y civiles y donde se reportaron disparos. No obstante, la joven de 24 años dejó claro ante el juez que no se arrepentía de haber salido a pedir libertad en una marcha pacífica.

Sus declaraciones bastaron para que las autoridades le prohibieran las visitas al penal y la bolsa de comida de cada semana. “¿Por qué?”, se preguntó la madre entonces en una publicación en Facebook. “¿Qué hizo? ¿A quién mató? Están tomando represalia con ellos y con los familiares. Métanse con todo menos con la comida, que ahí no se da tan buena comida como para quitarle lo que los familiares les llevamos”.

A Niurka la vida le ha cambiado desde que se llevaron a su hija presa. No duerme bien. Se la pasa pensando en cómo sacarla de ese lugar. “La veo fuerte y firme en sus ideales”, dice ahora, que le han permitido las visitas y que puede verla un día por semana en la Prisión de Mujeres de Occidente, conocida como El Guatao.

A Yunaiky también la acusan del delito de sedición. Según el exjuez cubano Frank Ajete, este delito ya no encuentra cabida dentro de los ordenamientos modernos. “Es un delito desfasado, lo que pasa es que la justicia tiende a ir mucho más lento que la sociedad. El cubano es un código penal que data del año 1986. El delito de sedición le ha venido muy bien a las autoridades cubanas en estas circunstancias, tiene castigos muy altos, castigos muy fuertes, le ha servido al poder para obrar dentro de una truculenta legalidad”, dice. “Luego, creo yo, esas penas serán conmutadas porque es mucha la presión internacional, y el Gobierno se lavará la cara. Si mañana el presidente dice que va a amnistiar a algunos presos, queda como un acto de benevolencia, pero con el recordatorio de que la próxima vez quizás no lo sea. Es una forma de dar un escarmiento dentro de una aparente legalidad”.


El día del juicio a los manifestantes de Toyo, varios familiares de los procesados fueron expulsados del Tribunal de Diez de Octubre por aplaudir lo que había dicho uno de los acusados en su defensa. Luego a muchos que protestaron junto a otros activistas a las afueras del lugar los detuvieron en la 11na Estación de San Miguel del Padrón. A los familiares de Yunaiky los liberaron luego de que su abuela se desmayara. “El juicio fue toda una farsa”, dice la madre. “Y ellos lo sabían todo desde el primer momento. Ya sabían qué hacer”.

A raíz de las injusticias cometidas en el marco de estos juicios, parte de la sociedad civil se ha dedicado a localizar los rostros y nombres de algunos de los jueces y fiscales involucrados. A estas denuncias, la Unión Nacional de Juristas de Cuba advirtió que todo aquel que intente subvertir la justicia será castigado con “todo el peso de la Ley”.
Una petición de 18 años de cárcel por gritar ‘El pueblo tiene hambre’

Actualmente se mantienen en cárceles cubanas 759 participantes de las protestas del 11 de julio, que estallaron en medio de una pandemia que ha dejado más de 8.000 muertes, un colapso del ya deteriorado sistema de salud y una escasez agravada por la nula llegada de turistas extranjeros a causa de las restricciones sanitarias. Como caldo de cultivo de las protestas también está el mayor acceso a Internet, los antecedentes de resistencia política como el Movimiento San Isidro o la canción como Patria y Vida, que les sirvió de himno a los manifestantes el día en que se tiraron a las calles.

Permanecen encarcelados, entre muchos otros, Yoan de la Cruz, de 26 años, la persona que hizo la primera transmisión en vivo de las protestas en Cuba, quien acaba de recibir una sentencia de seis años de privación de libertad. Las hermanas Angélica y María Cristina Garrido, condenadas a tres y siete años, respectivamente. Eloy Bárbaro Cardoso Pedroso, de 18 años, a quien le piden 15 años de prisión, cuya esposa ha dicho que en el juicio las autoridades ni siquiera sabían reconocer quién había participado de la marcha o quién había tirado o no una piedra. Las hermanas Lisdiany y Lisdany Rodríguez, de Placetas, Santa Clara, a quienes les piden ocho años en prisión. El licenciado en Matemáticas y Computación Samuel Pupo Martínez, de Cárdenas, cuya petición fiscal es de 18 años. Los tres hijos de Elizabeth León, a dos de los cuales la Fiscalía le pide 20 años de prisión. El adolescente Brandon David Becerra, con una petición fiscal de 18 años por gritar que “el pueblo tiene hambre”. Rowland Jesús Castillo, de 18 años, cuya petición fiscal es de 23 años de privación de libertad. Su madre, enferma de cáncer, no sabe cómo lidiar con tanto.

Son muchos más nombres, con edades y rostros. La mayoría de quienes están en prisión aún o han recibido altas condenas provienen de barrios marginales y de familias a quienes les cuesta llenar la bolsa cada semana. A estas familias las acompaña una parte de la sociedad civil organizada, que se ha dispuesto desde las detenciones a ayudar con la compra de alimentos. La familia del preso Andy García es la principal promotora del proyecto Ayuda a los valientes del 11J, que entrega bolsas de comida y aseo personal a los presos políticos, una especie de oasis en medio de la crisis generalizada que atraviesa el país.

Varias organizaciones internacionales y gobiernos han denunciado los juicios políticos a los detenidos a raíz de las protestas. Ante cualquier cuestionamiento, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel ha dado una respuesta: “Cuba es un Estado soberano, responsable por la defensa de su seguridad y su soberanía. No tiene que rendir cuentas a nadie más que a su pueblo. Los procesos penales se realizan bajo la observancia del principio de legalidad”, ha indicado. El gobernante, el mismo que dio la orden de atajar cualquier manifestación, aseguró a finales del pasado año que en Cuba “no hay presos políticos”.

Cuando Bárbara Farrat, la madre de Jonathan, habla del país que quiere, dice: “Una Cuba sin Díaz-Canel. Donde te puedas expresar, puedas defender los derechos de tu hijo, que no te metan presa por decir la verdad, que no te asedie la policía. Deseo una mejoría para el pueblo cubano, que el cubano no tenga que emigrar para tener una vivienda digna, para tener alimentos en el frío. Y el mayor deber de una madre es hacer que su muchacho sea un muchacho bueno. No es porque sea mi niño, pero yo creo que lo logré”.