Juicios por las protestas del 11J: "En Cuba hay niños presos políticos"

El Gobierno no confirma ni desmiente datos de activistas sobre los juicios a manifestantes del 11 y 12 de julio en Cuba. "Los conflictos políticos se siguen acumulando", advierten familiares y activistas.

"Tengo a mis tres hijos y mis dos sobrinos presos”, dice a DW Emilio Román. A un tercer sobrino, "le dieron una fianza de dos mil pesos y lo soltaron, porque las cámaras lo vieron en el grupo, pero no tirando piedras”, agrega desde el barrio periférico habanero de La Güinera. Allí vivía Diubis L.Tejeda, el único muerto que reconoce el Gobierno, por un disparo policíal en choques que dejaron también varios heridos, durante las masivas protestas del 11 y 12 de julio de 2021 (11J), en más de 60 localidades de Cuba.

Los familiares de Román son jóvenes a los que se les piden penas que les harían salir de prisión con el doble de su edad actual. Su hijo pequeño era aún menor de edad en el momento de su detención. "Salieron a la calle a comprar cigarros y se encontraron con la manifestación. Como nunca se había visto esta situación en Cuba, se unieron al grupo y empezaron a gritar por la falta de todo que hay” en el país, cuenta Emilio sobre sus hijos. Al menor, Emiyoslán Román Rodríguez, que cumplió 18 años en prisión, la Fiscalía le pide 15 de privación de libertad. A su hija, Mackyani (de 24), y al mayor, Yosney (de 25), les piden 25 y 20 años de encierro respectivamente.

Les acusan de sedición. "Ellos les pusieron esos cargos porque les dio la gana, porque ellos lo que hicieron fue gritar ‘abajo la dictadura', ‘no tenemos comida ni medicinas', y ‘abajo Díaz-Canel'. La Policía les tiró piedras y ellos las devolvieron de nuevo para atrás. No entiendo por qué les pidieron tantos años a todos los de la Güinera”, cuestiona Emilio Román. En prisión, "los han tratado muy mal. En estos momentos tienen sarna. Los tienen allí como si fueran la peste bubónica”, se queja, y denuncia también malos tratos a los familiares durante las visitas.

Detenciones, desapariciones temporales y "sanciones excesivas"

Las autoridades no han dado cifras oficiales. Pero Justicia 11J, un grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos, en el que se han articulado sobre todo mujeres activistas dentro y fuera de la isla, en colaboración con la ONG de asesoría jurídica Cubalex, ha conseguido "un subregistro” de 1.377 personas detenidas. Muchas estuvieron varios días "en desaparición forzada” y denunciaron "tortura física y psicológica”. 727 continúan privadas de libertad, incluidas 70 mujeres y 15 niños.

Este registro independiente está actualizado con información de familiares, peticiones fiscales, sentencias y los escasos reportes iniciales de la prensa estatal, aclara a DW la abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex. Según el documento, más de 360 personas han sido ya juzgadas. Entre ellos, algunos excarcelados, bajo fianza o en prisión domiciliaria, tendrán que reingresar a prisión.

En el mismo mes de julio de 2021, el Estado reconoció la celebración de más de 60 juicios sumarios . Desde octubre, coincidiendo con la solicitud de autorización para la frustrada marcha del 15 de noviembre (15N), las activistas documentaron más de 90 nuevas detenciones. Además, comenzaron a conocerse peticiones fiscales "con sanciones excesivas” para las más de 300 personas que enfrentan ya los primeros juicios ordinarios por participar en las protestas de julio o filmarlas y publicar material en red. Más de 160 aún no tienen fecha programada y a casi la mitad se les solicitan penas "desproporcionadas” de más de 10 y hasta 30 años de cárcel, resume Diversent.

"Ensañamiento con las personas más pobres”

Se les acusa de desacato, desorden público, incitación a delinquir, propagación de epidemias, atentado. Pero las peticiones más altas están asociadas al delito de sedición. Y este "solo se ha usado contra manifestantes de barrios específicos”, asegura la activista Salomé García Bacallao, coordinadora de Justicia 11J.

Bacallao denuncia "un evidente ensañamiento con las personas más pobres”, e ilustra con los barrios de Toyo, en el habanero municipio de 10 de octubre, La Güinera, en Arroyo Naranjo, y algunos de los repartos más pobres de la provincia de Holguín. En Cárdenas, cercana al balneario de Varadero, en Matanzas, los delitos imputados a personas involucradas en situaciones de violencia similares son menos graves: "La ley no se aplica por igual”, insiste.

Como sea, hasta donde han podido documentar tanto Justicia 11J como Cubalex —especialmente gracias a los múltiples videos difundidos en redes sociales—, las situaciones de violencia en que desembocaron algunas de las protestas de julio, incluida la vandalización de tiendas, "se produjeron como reacción a situaciones violentas generadas por el propio Estado", recalca Bacallao.

"Evidente discriminación"

"Los policías también insultaron a las personas durante las detenciones, las hirieron, las trataron con violencia en los centros de reclusión. Hemos documentado muchísimos tratos crueles y degradantes", asegura la coordinadora de Justicia 11J. Se les ha negado atención médica para enfermedades preexistentes o contagiosas, incluso a niños. Y, cuando se les ha dado, "les llevan a hospitales pediátricos, aunque les dan tratamiento penal como adultos y no les permiten a sus familiares estar presentes", agrega Bacallao, quien insiste sin descanso en que "en Cuba hay niños presos políticos".

En la judicialización de todos estos casos, estamos viendo una "evidente discriminación”, dice además. Pues "solamente están siendo enjuiciados por supuestos actos violentos las personas que recibieron la represión por parte de agentes estatales y paraestatales”. El policía que disparó a la única víctima mortal oficialmente reconocida "ni siquiera tiene aún cargos imputados”. Y lo mismo vale para los partidarios del Gobierno que respondieron con palos a la "orden de combate” dada en televisión por el presidente Miguel Díaz-Canel, cuando las protestas aún no habían degenerado en disturbios, subraya.

Los juicios ordinarios comenzaron a desarrollarse en la segunda mitad de diciembre de 2021, aprovechando la distracción de la sociedad y los medios en la semana de Navidad, "para que los presos sientan que no le importan al mundo”, denuncia la coordinadora de Justicia 11J. La semana del 10 al 14 de enero de 2022, al menos 66 personas fueron juzgadas en cuatro juicios en cuatro provincias del país. Entre el 17 y 21 de enero, otras 45 personas serán juzgadas en tres juicios en dos provincias.

Se han realizado a puertas cerradas, con operativos policiales que impiden la asistencia a las audiencias de más de un familiar por acusado, de testigos oyentes u otros miembros de la sociedad civil o la opinión pública. "No les permiten a los familiares comunicarse ni con los detenidos ni entre ellos", informa Bacallao. "Eso es una violación de la garantía del debido proceso", denuncia por su parte Diversent.

"La información sobre lo que sucede en los juicios la obtenemos a través de los familiares", que reportan contradicciones entre los testigos, e incluso un juicio suspendido por falta de evidencias, explica la directora de Cubalex. Adicionalmente, las peticiones fiscales confirman que la mayoría de los testigos que propone la Fiscalía contra los manifestantes son los propios agentes estatales y paraestatales que ejercieron violencia contra los ellos, confirma.

Se persigue un "efecto ejemplarizante”, dice, "que la población perciba que salir a manifestarse contra las políticas gubernamentales es interpretado como un delito contra la seguridad del Estado”. A esto se agrega, como "estrategia para aliviar la presión”, el exilio forzado de activistas, periodistas y artistas críticos, que oficialmente no podrían salir del país por estar sometidos a procesos penales, señala Diversent, exiliada con su equipo en EE. UU.

Silencios, miedo y resistencia

El Gobierno no ha respondido hasta ahora a las solicitudes de comentarios sobre los juicios hechas por diversos medios de prensa extranjera, incluido DW. La oficina de UNICEF en Cuba, por su parte, se limitó a responder que "está en contacto permanente con las autoridades cubanas”, en un correo al canal hispano estadounidense Telemundo, luego de que UNICEF Latinoamérica solicitase públicamente "información adicional verificada” sobre "los presuntos casos de detenciones de niños y niñas reportados en Cuba”.

Dentro y fuera de la isla, la sociedad civil cubana se ha organizado para apoyar a los familiares de los manifestantes en el pago de multas, abogados, alimentos, artículos de higiene, abrigo y calzado para los encarcelados, confirman las activistas. Sin embargo, califican de "tibia” la reacción de la comunidad internacional; así como de la prensa extranjera acreditada en la isla, que apenas comenzó a cubrir los juicios en enero, tras campañas de activistas y familiares, que también pidieron apoyo de delegaciones diplomáticas.

"La visibilidad es determinante" para generar algún tipo de presión sobre el Gobierno, advierte Diversent.

En medio de esta crisis política, y de la omnipresente crisis económica, hay "un gran número de personas tratando de irse del país de manera desesperada”, asegura la jurista. Pero la válvula migratoria abierta con una exención de visado para cubanos en Nicaragua no será suficiente, opina.

El Gobierno "ha intimidado lo suficiente, pero ha generado también muchísima resistencia” de madres, padres y familiares, especialmente de menores. Conocer estas elevadas peticiones fiscales les ha hecho superar el miedo inicial a "denunciar la injusticia, a abrir la puerta a la prensa” independiente y extranjera, observa la directora de Cubalex.

Conflictos que se acumulan

Los familiares "han sentido el apoyo de la sociedad civil y han comenzado a organizarse, en grupos de redes sociales y mensajería privada, para exigir por sus hijos”, cuenta Diversent. "La sociedad cubana está en contra de toda esta situación. Muchos me apoyan”, asegura Emilio Román. Pero, "a veces, me he deprimido completamente. He estado día enteros trancado en mi casa llorando".

Sin acompañamiento internacional, advierte Bacallao, "es muy difícil que los cubanos se vuelvan a sentir empoderados para volver a salir a las calles". Sin embargo, dice, sigo pensando que "va a volver a ocurrir", porque "no se ha producido ningún cambio que dé solución a los conflictos políticos que, por el contrario, se siguen acumulando". (ms)

Cuba.Continúan las escandalosas condenas por las protestas del 11J y la burocracia fustiga a “La Joven Cuba”

En el mes de marzo se han llevado a cabo dos juicios por las protestas del 11 de julio. El primero por las que protagonizaron los sectores pobres de Esquina de Toyo y La Güinera en La Habana, donde se condenó, en juicio masivo, a 127 personas con penas de hasta 30 años; el segundo por las protestas en San Antonio de los Baños contra 17 manifestantes con condenas de hasta 10 años.

El 23 de marzo, un total de 17 personas fueron condenadas a entre 3 y 10 años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado en San Antonio de los Baños (occidente de la isla). En esta ciudad, a 35 kilómetros de La Habana, fue donde se produjo la primera manifestación de aquel día, que luego se reprodujo por otras ciudades provocando las mayores protestas en Cuba en décadas.

Según el fallo del Tribunal Municipal de San Antonio de los Baños, los 17 acusados —de entre 22 y 67 años y casi todos hombres— fueron mayoritariamente condenados por “desacato” y “desórdenes públicos”, aunque alguno fue asimismo considerado culpable del “delito de atentado”. Todos los condenados, subraya el fallo del Tribunal Municipal de San Antonio de los Baños, "se desempeñaron como líderes del disturbio y cometieron las acciones delictuosas".

Esta sentencia se dio a conocer días después del fallo conjunto por las seis causas ligadas a las mismas protestas en Esquina de Toyo y La Güinera, dos puntos barriadas pobres de La Habana. Este fallo condenó a penas de hasta 30 años de cárcel —1.916 años en total— a 127 de los 129 encausados, mientras que uno recibió cuatro años de "trabajo correccional" y otro quedó absuelto. Ocho condenados tenían entre 16 y 17 años.

Se trata de sentencias escandalosas violando los más mínimos derechos elementales. Sobre estas condenas masivas solo se ha informado de manera general, se desconocen las causas dictadas a cada detenido y sus respectivas edades.

Estos juicios de marzo con fuertes condenas se suman a otros que fueron realizados entre julio, octubre, diciembre, enero y febrero en los que las condenas han variado desde multas hasta dictámenes que van de los 14 a 30 años de cárcel. Son constantes las denuncias de familiares y activistas por fabricación de pruebas. El objetivo de la burocracia cubana con estas condenas y toda su política represiva es amedrentar a quienes están descontentos con su política económica y social, y acallar todo tipo de protestas, mientras aceleran un giro aperturista y medidas económicas que recaen violentamente contra el pueblo.

Desde esa histórica jornada de movilizaciones del 11 de julio, se ha producido un profundo giro represivo por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel que detuvo violentamente a alrededor de 1500 manifestantes (durante las protestas y en los días posteriores). De ellas, al menos 756 continúan en centros de reclusión. Según la Fiscalía General de Cuba, en el país se ha procesado por las protestas del 11 de julio a 790 personas, de las que 55 tienen entre 16 y 17 años.

Destaca entre las sentencias de San Antonio de los Baños, los seis años de prisión por dos delitos de desacato y un delito de desórdenes públicos para Yoan de la Cruz Cruz, unos de los primeros jóvenes que empezó a retransmitir en directo por redes sociales las protestas. La sentencia asegura que "transmitió en directo por las redes sociales lo que acontecía, con lo que provocó que tales actos fueran visualizados dentro y fuera del país y que en diferentes municipios y provincias se imitaran las nocivas acciones". Ejemplo de que la burocracia prohíbe y persigue la más básica libertad de expresión.

Recalquemos que el pasado 11 de julio se produjeron en Cuba las mayores protestas antigubernamentales en décadas, unas manifestaciones espontáneas y masivas ligadas a la grave crisis económica que atraviesa el país y que fueron una respuesta, en los hechos, a las políticas de la burocracia gobernante como fue el plan de ajuste y apertura económica Tarea Ordenamiento, que representó una verdadera política de shock contra los trabajadores y el pueblo, con un 2400 % de devaluación de la moneda y aumentos a las tarifas y los precios de los productos básicos.

El procesamiento y los procesos judiciales contra los manifestantes, así como las terribles y severas penas que incluyen estos cargos de “sedición” como respuesta al simple hecho de manifestarse, muestran el carácter represivo del gobierno cubano de Díaz-Canel. que viene impulsando las mencionadas medidas económicas y sociales profundamente antipopulares.

Incluso, cualquier protesta en defensa de los recluidos por las manifestaciones del 11J es reprimida inmediatamente, tal como sucedió a finales de enero de este año cuando fueron reprimidos y detenidos Leonardo Romero Negrín, Alexander Hall, Tata Poet, Carolina Barrero, Camila Rodríguez y Daniela Rojo, que luego fueron liberados, y en el caso de Carolina Barrero, impulsora del movimiento Justicia 11J, obligada a exiliarse. Lo mismo aconteció con la detención del joven universitario, poeta y músico, Abel Lescay a comienzos de febrero, y sobre quién aún está pendiente un juicio.

Es urgente el llamado a la solidaridad internacional con los detenidos y manifestarse abiertamente contra la represión y los juicios sumarios en Cuba, así como por el derecho a la protesta y por la libertad inmediata y plena de todos los detenidos de las protestas del 11 de julio.

El hostigamiento a los responsables del portal de izquierda La Joven Cuba

A la par de estas aberrantes condenas a los presos de las protestas del 11J, y en el marco del giro represivo del gobierno, un canal oficialista en un programa arremetió contra los integrantes del portal La Joven Cuba, tildándolos de “contrarrevolucionarios y fascistas”. En dicho programa el portavoz justifica sin ningún problema todas las detenciones y condenas escandalosas contra los presos de las protestas del 11J, aludiendo que se respetaron todos sus derechos.

Como declaran los integrantes del colectivo Comunistas “Que en Cuba un medio de prensa sea señalado como ‘contrarrevolucionario y fascista’ por parte del gobierno, es dar la orden de destruirlo y perseguir a los miembros de su comité editorial y colaboradores”.

El supuesto motivo que sirvió de pretexto a estos ataques contra La Joven Cuba fue la publicación del "Manifiesto contra el silencio, por la justicia" del 21 de marzo, dirigido “A la Comunidad Artística e Intelectual cubana”, el cual en lo esencial aboga por el derecho a la manifestación y por los presos de las protestas del 11 de julio exigiendo su libertad, y reclamando por una amnistía para los detenidos. Entre los firmantes figuran Leonardo Romero Negrín, Fernando Pérez, Alex Fleites, Teresita Díaz-Canals, Alexander Hall, Alina Bárbara López, Mario Valdés y Miguel Hayes, entre otros y otras.

Defender el derecho de prensa y manifestación en Cuba es fundamental, como parte de defender el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a organizarse y asociarse sindical y políticamente de manera independiente del Estado y sus organismos, si así lo desean. El derecho a la libertad de reunión, a las asambleas y deliberaciones en los lugares de trabajo, a la manifestación, a la huelga, a la libertad de prensa, el pleno derecho a la libertad de los sindicatos y toda forma de organización que se puedan dar los trabajadores. Por eso, repudiamos el hostigamiento y la persecución contra los responsables de la Joven Cuba por parte del gobierno cubano y los medios de comunicación oficialistas.

“Nada de qué arrepentirme”: familiares de los condenados en Cuba por el 11-J denuncian un ‘show’ judicial

Familiares de los detenidos en las protestas de 2021, en su mayoría jóvenes condenados a hasta 30 años de prisión, denuncian que los juicios son una farsa y que los abogados no pueden ejercer la defensa.

Todo dependerá del día del juicio. Si Jonathan Torres Farrat, de 17 años, dice delante del Tribunal Provincial de La Habana que se arrepiente, que efectivamente se retracta de cualquier cosa que haya hecho, cualquier mínima cosa, saldrá de la cárcel ahora y no con 25 años, cuando su hijo recién nacido tenga la misma edad de su sentencia. Este es el mensaje que el abogado le ha dejado saber a su madre, para que a su vez se lo haga llegar a él a la prisión. Es la noche del 21 de marzo y Bárbara Farrat se mece en un sillón en la sala de su casa, ubicada en la Calzada de 10 de Octubre, mientras afuera hay varios agentes que no le permiten salir a la calle. A las 8:23 PM comienza un video en directo a través de Facebook en el que dice: “Mi nombre es Bárbara Farrat Guillén, soy la madre del menor Jonathan Torres Farrat, el cual se encuentra preso hace siete meses”.

Con una rabia evidente que ha aprendido a contener, la piel llena de surcos a sus 33 años, las cejas tatuadas, el pelo trenzado y teñido de rojo desde la mitad hasta las puntas, Bárbara se ha convertido en un rostro familiar para los cubanos, como madre que es de uno de los menores de edad detenidos durante las protestas populares del pasado 11 de julio, las mayores ocurridas en la isla en más de seis décadas desde el triunfo de la revolución. Hasta entonces era manisera y su esposo también. Por años ambos tostaron los granos de maní, hicieron cucuruchos con hojas de papel, prepararon, según la demanda, maní salado o garapiñado. “Todo lo vendía acá en mi barrio. Tenía buena clientela”, dice. Después de la persecución de las autoridades cubanas, vive básicamente de ayudas y de la pensión que recibe por su condición de paciente seropositiva.

Días después de aquel estallido social único a lo largo de la isla, en el que participaron miles de personas, Bárbara, que nunca había estado involucrada en ningún tipo de resistencia política contra el Gobierno, se declaró abiertamente activista por los Derechos Humanos. “Hoy me declaro activista, porque este Gobierno destruye familias, este Gobierno no cree en su pueblo”, se le oyó decir en Facebook. Todo lo que el Gobierno ha atajado desde el pasado mes de julio es lo que Bárbara ha terminado siendo. Una disidente. Desde esa fecha, los padres de los detenidos en las protestas —la mayoría muy jóvenes— se han dividido en quienes prefieren no denunciar porque consideran que así no molestarán a sus hijos en la prisión; quienes han pedido disculpas públicamente en la televisión nacional y han mentido con tal de que los liberen o los dejen en paz, y quienes como Bárbara han decidido denunciar el estado de injusticia desatada contra los manifestantes. A unos y a otros Bárbara los entiende perfectamente. “No creo que la mejor solución es quedarse callados, pero son padres. Simplemente son padres”, dice.

Desde que Jonathan está detenido en la cárcel Jóvenes de Occidente en La Habana, conocida como Manto Negro, Bárbara ha hecho huelgas de hambre, ha renunciado a tomar su tratamiento para el VIH, ha convocado a ayunos por los presos políticos, ha denunciado los casos de otras madres de menores de edad detenidos tras las protestas, ha sido detenida ella misma por la policía, asediada, maltratada y amenazada con el destierro o con negarle las visitas a su hijo al penal, lo más importante que ahora mismo tiene. Esas visitas suelen ser, naturalmente, tristes. Unas veces asiste Farrat, otras su esposo y otras la pareja de Jonathan y su hijo. Jonathan es padre de un bebé que nació el pasado 27 de octubre, cinco meses después de que entrara a prisión. Farrat solicitó que Jonathan pudiera ir al hospital materno a reconocer a su hijo, pero le fue negado. Tampoco ha podido inscribirlo con sus apellidos. El día en que se conocieron, el bebé salió del hospital directo a la cárcel, y Jonathan no paraba de llorar. Los oficiales le permiten que los días de visita lo tenga en brazos durante el tiempo que dure la estancia. El resto de los familiares solo pueden darle un abrazo cuando llegan.

En el último encuentro de Bárbara con su hijo, Jonathan se había enterado de la petición fiscal de ocho años de privación de libertad por participar en la manifestación que comenzó en el municipio de San Antonio de los Baños, y que se extendió por varios territorios de la isla. Se le acusa de los delitos de desorden público, atentado y propagación de epidemias. Farrat llevaba un mensaje para su hijo de parte del abogado, el aviso de que su libertad inmediata dependía de su arrepentimiento el día del juicio. La respuesta de Jonathan fue precisa: “No tengo nada de qué arrepentirme. Si yo me arrepintiera, mi padre tal vez estuviera muerto”.

El 11 de julio del 2021, Jonathan cumplió 17 años. Mientras Bárbara estaba en casa preparando “algo rico de comida”, platanitos fritos, yuca con mojo, lo que más le gusta comer, el hijo salió a buscar al padre cuando supo que había estallado una manifestación en el barrio. Todavía Bárbara dice que su hijo no salió a manifestarse. Era su cumpleaños. Se lo ha explicado a la policía, a la Seguridad del Estado, al abogado. Pero los guardias cargaron con él. “Yo pensé que como es un muchacho iba a decir que se arrepentía, pero me dio una lección”, se le oye decir a Bárbara en su última transmisión en vivo. “Al punto que lo miré y le pedí disculpas y le dije que tenía la razón, que no tenía nada de qué arrepentirse. Tiene 17 años. Cada día me sorprende más”.

Hasta el momento se desconoce la fecha del juicio de Jonathan. “Se puede demorar lo mismo un mes, cinco meses, el tiempo que les dé la gana”, asegura Bárbara. Desde el estallido social, los tribunales cubanos han celebrado juicios a 519 personas, de un total de 1443 detenidos, de acuerdo con las estadísticas actualizadas del grupo Justicia 11J, integrado por ciudadanos que de manera independiente se unieron para rastrear nombres, edades, raza o lugar de residencia de las personas detenidas tras las protestas, a falta de información oficial, completa y transparente proveniente de las autoridades de la isla.

Aunque se han ido conociendo datos sobre esos juicios a cuentagotas. La semana pasada, el Tribunal Supremo de Cuba (TSC) dio a conocer las sentencias contra 129 cubanos que participaron en las manifestaciones de La Habana y que estaban acusados por hurto y sedición: 31 de ellos fueron condenados a penas de entre 20 y 30 años de cárcel, 25 a entre 15 y 19 años de prisión y 48 a entre 10 y 14 años. Un acusado fue absuelto, y otro recibió una pena de cuatro años “de trabajo correccional sin internamiento”.

Los juicios militares y las sentencias ejemplarizantes de hasta 30 años de prisión han sido el mayor escarmiento a los manifestantes, sus familiares y los cubanos en general. Son un mensaje directo de lo que podría pasar si alguien se atreve nuevamente a tomar las calles.

“El abogado no quiso ser parte del circo”

Del 20 al 23 de diciembre se celebró el juicio de Walnier Luis Aguilar, a quien notificaron el 16 de marzo que estaba condenado a 23 años de privación de libertad por sedición, el delito por el que han impuesto sanciones más elevadas, de acuerdo con las autoridades, para quienes alteran “el orden constitucional establecido en el país” y ponen “en riesgo la seguridad del Estado”.

“Como no tengo abogado, la sentencia me la dio mi hijo. El abogado nos abandonó en el juicio, porque no quiso ser parte del circo que estaban armando. Tiró los papeles y me dijo que no me podía defender. No lo entendí en ese momento, pero después sí, porque los juicios eran un montaje. No se podía hacer defensa, no se podían enseñar las fotos de las golpizas que les dieron a los manifestantes”, asegura el padre de Walnier, Wilber Aguilar García.

En el momento en que estallaron las protestas, su hijo había ido a comprar malangas a un puesto situado en la Calzada de La Güinera, uno de los barrios de La Habana donde más personas han sido procesadas por manifestarse y el lugar donde murió a causa de un disparo de la policía Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, la única muerte reconocida oficialmente por las autoridades cubanas.

“Tengo testimonios oficiales de que la jueza que dictó la sentencia empezó a llorar cuando todo el mundo salió. No pudo resistir el dolor porque sabe que la injusticia que se está cometiendo es mucha. ¡La jueza empezó a llorar después que se acabó el juicio!”, dijo Wilber en uno de sus muchos videos en Facebook, donde denuncia la situación de su hijo y otros presos políticos.

Walnier, quien tiene problemas cognitivos, cumplió hace unos días en la cárcel 22 años. Es negro, alto, fornido. En las fotos, parece feliz junto a sus dos hijas, muy pequeñas pero que llevan la cuenta de cuándo toca visitar a su padre, y han sabido detectar el momento en que la familia prepara la bolsa de alimentos para llevar a la cárcel. “Extraño la unión de la familia”, dice Wilber. “Aquí están en juego muchas cosas, aquí está en juego la separación de un padre y un hijo, la separación de una madre y su hijo, de una esposa de su esposo y de sus hijas. Han destruido una familia”.

Por las denuncias que constantemente hace de la situación de su hijo y de otros presos en redes sociales, Wilber ha sido amenazado por la policía política cubana. “Yo he pasado por muchos acosos, intimidaciones, pero no me he doblegado. Han acosado a muchos padres, a abogados, las personas tienen miedo. Pero no hay una ley en este mundo que me pueda decir que no puedo defender a mi hijo”.

Para el día en que Walnier cumplió los 22 años, le pidió a su padre que comprara un cake y le cantaran felicidades. Hay un video donde aparece toda la familia y una música de fondo que suena: “Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz”.

¿Habrá amnistía?

Si el martes 22 de marzo Niurka Rodríguez García recibía una llamada de la cárcel, significaba que su hija, Yunaiky de la Caridad Linares, había depuesto la huelga de hambre que comenzó cuando supo que había sido condenada a 14 años de cárcel por participar en las protestas que tuvieron lugar en la barriada habanera conocida como la Esquina de Toyo. Recibió la llamada. Eso era un alivio. La policía cargó con Yunaiky no el 11 de julio, sino el 21, cuando un oficial de la Seguridad del Estado le pidió a su abuela, de 62 años, que le permitiera hablar con ella. “Dijo que la traía rápido, que era solo para hablar, y todavía la estoy esperando”, dice la madre.

El juicio a Yunaiky y a otros 32 manifestantes tuvo lugar a finales de enero, a puertas cerradas, con el acceso de solo un familiar y sin que permitieran la entrada de la prensa. Días después del juicio, la madre relató en Facebook que Yunaiky se había arrepentido de haberse subido a una patrulla policial a modo de protesta en su barrio, donde hubo confrontaciones entre militares y civiles y donde se reportaron disparos. No obstante, la joven de 24 años dejó claro ante el juez que no se arrepentía de haber salido a pedir libertad en una marcha pacífica.

Sus declaraciones bastaron para que las autoridades le prohibieran las visitas al penal y la bolsa de comida de cada semana. “¿Por qué?”, se preguntó la madre entonces en una publicación en Facebook. “¿Qué hizo? ¿A quién mató? Están tomando represalia con ellos y con los familiares. Métanse con todo menos con la comida, que ahí no se da tan buena comida como para quitarle lo que los familiares les llevamos”.

A Niurka la vida le ha cambiado desde que se llevaron a su hija presa. No duerme bien. Se la pasa pensando en cómo sacarla de ese lugar. “La veo fuerte y firme en sus ideales”, dice ahora, que le han permitido las visitas y que puede verla un día por semana en la Prisión de Mujeres de Occidente, conocida como El Guatao.

A Yunaiky también la acusan del delito de sedición. Según el exjuez cubano Frank Ajete, este delito ya no encuentra cabida dentro de los ordenamientos modernos. “Es un delito desfasado, lo que pasa es que la justicia tiende a ir mucho más lento que la sociedad. El cubano es un código penal que data del año 1986. El delito de sedición le ha venido muy bien a las autoridades cubanas en estas circunstancias, tiene castigos muy altos, castigos muy fuertes, le ha servido al poder para obrar dentro de una truculenta legalidad”, dice. “Luego, creo yo, esas penas serán conmutadas porque es mucha la presión internacional, y el Gobierno se lavará la cara. Si mañana el presidente dice que va a amnistiar a algunos presos, queda como un acto de benevolencia, pero con el recordatorio de que la próxima vez quizás no lo sea. Es una forma de dar un escarmiento dentro de una aparente legalidad”.

El día del juicio a los manifestantes de Toyo, varios familiares de los procesados fueron expulsados del Tribunal de Diez de Octubre por aplaudir lo que había dicho uno de los acusados en su defensa. Luego a muchos que protestaron junto a otros activistas a las afueras del lugar los detuvieron en la 11na Estación de San Miguel del Padrón. A los familiares de Yunaiky los liberaron luego de que su abuela se desmayara. “El juicio fue toda una farsa”, dice la madre. “Y ellos lo sabían todo desde el primer momento. Ya sabían qué hacer”.

A raíz de las injusticias cometidas en el marco de estos juicios, parte de la sociedad civil se ha dedicado a localizar los rostros y nombres de algunos de los jueces y fiscales involucrados. A estas denuncias, la Unión Nacional de Juristas de Cuba advirtió que todo aquel que intente subvertir la justicia será castigado con “todo el peso de la Ley”.

Una petición de 18 años de cárcel por gritar ‘El pueblo tiene hambre’

Actualmente se mantienen en cárceles cubanas 759 participantes de las protestas del 11 de julio, que estallaron en medio de una pandemia que ha dejado más de 8.000 muertes, un colapso del ya deteriorado sistema de salud y una escasez agravada por la nula llegada de turistas extranjeros a causa de las restricciones sanitarias. Como caldo de cultivo de las protestas también está el mayor acceso a Internet, los antecedentes de resistencia política como el Movimiento San Isidro o la canción como Patria y Vida, que les sirvió de himno a los manifestantes el día en que se tiraron a las calles.

Permanecen encarcelados, entre muchos otros, Yoan de la Cruz, de 26 años, la persona que hizo la primera transmisión en vivo de las protestas en Cuba, quien acaba de recibir una sentencia de seis años de privación de libertad. Las hermanas Angélica y María Cristina Garrido, condenadas a tres y siete años, respectivamente. Eloy Bárbaro Cardoso Pedroso, de 18 años, a quien le piden 15 años de prisión, cuya esposa ha dicho que en el juicio las autoridades ni siquiera sabían reconocer quién había participado de la marcha o quién había tirado o no una piedra. Las hermanas Lisdiany y Lisdany Rodríguez, de Placetas, Santa Clara, a quienes les piden ocho años en prisión. El licenciado en Matemáticas y Computación Samuel Pupo Martínez, de Cárdenas, cuya petición fiscal es de 18 años. Los tres hijos de Elizabeth León, a dos de los cuales la Fiscalía le pide 20 años de prisión. El adolescente Brandon David Becerra, con una petición fiscal de 18 años por gritar que “el pueblo tiene hambre”. Rowland Jesús Castillo, de 18 años, cuya petición fiscal es de 23 años de privación de libertad. Su madre, enferma de cáncer, no sabe cómo lidiar con tanto.

Son muchos más nombres, con edades y rostros. La mayoría de quienes están en prisión aún o han recibido altas condenas provienen de barrios marginales y de familias a quienes les cuesta llenar la bolsa cada semana. A estas familias las acompaña una parte de la sociedad civil organizada, que se ha dispuesto desde las detenciones a ayudar con la compra de alimentos. La familia del preso Andy García es la principal promotora del proyecto Ayuda a los valientes del 11J, que entrega bolsas de comida y aseo personal a los presos políticos, una especie de oasis en medio de la crisis generalizada que atraviesa el país.

Varias organizaciones internacionales y gobiernos han denunciado los juicios políticos a los detenidos a raíz de las protestas. Ante cualquier cuestionamiento, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel ha dado una respuesta: “Cuba es un Estado soberano, responsable por la defensa de su seguridad y su soberanía. No tiene que rendir cuentas a nadie más que a su pueblo. Los procesos penales se realizan bajo la observancia del principio de legalidad”, ha indicado. El gobernante, el mismo que dio la orden de atajar cualquier manifestación, aseguró a finales del pasado año que en Cuba “no hay presos políticos”.

Cuando Bárbara Farrat, la madre de Jonathan, habla del país que quiere, dice: “Una Cuba sin Díaz-Canel. Donde te puedas expresar, puedas defender los derechos de tu hijo, que no te metan presa por decir la verdad, que no te asedie la policía. Deseo una mejoría para el pueblo cubano, que el cubano no tenga que emigrar para tener una vivienda digna, para tener alimentos en el frío. Y el mayor deber de una madre es hacer que su muchacho sea un muchacho bueno. No es porque sea mi niño, pero yo creo que lo logré”.