Los periodistas cubanos independientes Mónica Baró Sánchez y Camila Acosta están siendo acosados por las autoridades cubanas por cobertura crítica de la pandemia de Corona en Cuba. El gobierno cubano se basa en el Decreto Legislativo 370, que regula el uso de Internet en Cuba y, por lo tanto, también permite el control sobre las actividades en línea de sus ciudadanos.
Los informes de crisis de Corona son sofocados
Los informes críticos sobre la lucha contra la epidemia del virus se castigan rápidamente en Cuba. La periodista Mónica Baró Sánchez tuvo que pagar una multa de 3.000 pesos, el equivalente a unos 110 euros, después de un interrogatorio de dos horas. Camila Acosta, de 26 años, quien escribe para el sitio web de noticias Cubanet, ha sido interrogada varias veces. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos (IGFM) informa que ha informado sobre una escasez de alimentos, medicamentos y artículos de tocador. Informar sobre los problemas en la crisis de Corona es sistemáticamente sofocado, como cualquier informe crítico sobre el régimen en Cuba.
Camelia Acosta fue amenazada con procesos penales si no terminaba inmediatamente su trabajo periodístico. El Decreto Legislativo 370, que regula el uso de Internet en Cuba y, por lo tanto, el control gubernamental sobre las actividades en línea de sus ciudadanos, proporciona la base legal para castigar arbitrariamente los informes críticos de las autoridades.
Doce periodistas críticos del régimen que usan Internet ya han sido multados con 3.000 pesos. El periodista Roberto Quiñones incluso fue sentenciado a un año de prisión por informar sobre el juicio de un pastor evangélico. Defensores de los derechos humanos y periodistas cubanos han lanzado una petición contra esta ordenanza, que cuenta con el apoyo del IGFM, que tiene una sección en Cuba.
La Ley 370 entró en vigencia el 4 de julio de 2019 y regula el uso de nuevas tecnologías, la supervisión de redes inalámbricas y los límites para publicaciones en línea. Martin Lessenthin, portavoz de la junta de IGFM, critica: “Si no lo cumple, debe esperar altas multas o que el equipo técnico sea confiscado. El artículo 68 del Decreto Legislativo 370 establece, entre otras cosas, que la difusión de información en Internet que viola "interés social, moralidad, moralidad e integridad de las personas" está prohibida. Esto faculta a la dictadura cubana para encarcelar a cualquier relator crítico con el régimen o silenciarlo de cualquier otra manera ".
Aquellos que no se desanimen por informes independientes corren el riesgo de multas de hasta el equivalente de alrededor de 110 euros en Cuba, que es abrumadoramente alto en relación con el salario promedio de alrededor de 15 euros por mes, o incluso la cárcel. La periodista Mónica Baró recibió docenas de impresiones de sus publicaciones de Facebook de los últimos meses durante el interrogatorio. Cuando se negó a pagar, la amenazaron con que el castigo solo aumentara y su comportamiento podría conducir a un arresto.
Petición contra la regulación 370
"Las multas por publicaciones críticas en las redes sociales relacionadas con la gestión de crisis del gobierno se han convertido en una herramienta para silenciar, intimidar y limitar aún más las libertades de los periodistas independientes", dijo el conocido blogger y autor cubano Yoani Sánchez. en su artículo del 19 de abril de 2020. El Decreto Legislativo 370 viola la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como la Constitución cubana, que garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y expresión en el Artículo 4. Los firmantes de la petición se niegan a pagar multas, incluidas las solicitudes para eliminar el Artículo 68, liberar inmediatamente al periodista independiente Roberto Jesús Quiñones y respetar los derechos humanos de los ciudadanos cubanos.
Los bajos estándares de higiene ponen en peligro a los presos políticos
La pandemia de coronavirus no se detiene en las cárceles de Cuba y podría afectar particularmente a los presos políticos, y por lo tanto también a los periodistas independientes detenidos. Como el IGFM se enteró, el régimen ahora ha prohibido a las familias prisioneras visitar a sus familiares detenidos. El ex preso político y fundador del movimiento democrático de la UNPACU, José Daniel Ferrer, señala una fuente de peligro para los reclusos: "Los guardias de la prisión van y vienen todos los días y la mayoría no toma ninguna medida de precaución". Si el virus se propaga en las cárceles, continuará Martin Lessenthin, portavoz de la junta de IGFM, rápidamente dio a muchas personas infectadas: "Las cárceles en Cuba están superpobladas.
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