Los asesinatos, amenazas, desapariciones, agresiones directas contra periodistas, así como su encarcelamiento, demandan todos los esfuerzos prioritarios de las organizaciones internacionales y nacionales de defensa de derechos humanos, en general, y de libertad de prensa en particular. Pero lo menos “evidente” es igualmente grave, particularmente en países como el nuestro en que los consensos y la falta de debate hacen parecer como si no tuviéramos problemas.
El informe regional 2009 del Comité de Protección para Periodistas no dice una palabra sobre Chile. Eso no quiere decir que en nuestro país no haya restricciones ni violaciones a la libertad de prensa. De hecho, el reporte anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA identifica algunos hechos graves, como los que afectan a comunicadores mapuche. Creemos, más bien, que lo que nos falta –tanto a nivel local como internacional- es más y mejor información. Comenzando porque ni siquiera sabemos cuántos periodistas hay en Chile ni menos cuántos de ellos ejercen en medios de comunicación.
En lo macro, la precariedad laboral de los periodistas es uno de las problemáticas concretas que afectan a la libertad de prensa en Chile y concuerdan con lo que la Relatoría para la Libertad de Expresión ha calificado de violaciones indirectas. Es decir, aquellos mecanismos revestidos de legalidad pero que tienen como consecuencia restricciones efectivas al libre debate y confrontación de ideas, de opiniones e informaciones.
El “suavizar las noticias” o la autocensura son también prácticas habituales en el sistema medial chileno. Un estudio realizado en la Universidad de Chile identifica que “el 84% de los periodistas y editores encuestados reconocen que han tenido que suavizar una noticia por recomendación de un superior”. Como ejemplos de dinámica podemos incluir lo que ocurrió en el 2007 con la censura y aplazamiento del programa “Epopeya” en TVN o en el 2009 cuando el programa “Contacto” del Canal 13 dejó guardado en el cajón un reportaje que fiscalizaba la labor del Parlamento.
De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre violación al artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que se refiere a la libertad de expresión, ha sancionado a Chile en tres oportunidades. Una vez a principios de los ’90, por la censura a la película “La última Tentación de Cristo”; el segundo, en el caso de Marcel Claude contra el Estado chileno y que es el primer fallo de un tribunal internacional en materia de acceso a información (2006), y el tercero, en el caso del ex oficial de la Armada, Humberto Palamara, que había sido condenado durante los ’90 por desacato y su libro censurado.
Imposible dejar de mencionar las herramientas legales vigentes que aún permiten restricciones a la libertad de expresión en Chile. El libro negro de la Justicia Chilena, de Alejandra Matus (1999) o Cecilia, la vida en llamas, de Cristóbal Peña, fueron retirados de circulación por una norma que permite a los tribunales retener los elementos de pruebas de delitos, en este caso, publicaciones. El problema es que los jueces han interpretado ampliamente esta disposición y han sacado de circulación todos los ejemplares y no solo uno que se adjunte al proceso. Impunidad Diplomática, el libro de Francisco Martorell, director de esta revista, a la fecha no ha podido distribuirse en Chile debido a un fallo judicial de principios de los ’90 que consideró más relevante la protección de la honra que la libertad de expresión.
Otras situaciones lamentables encontramos en los llamados delitos de opinión e información siguen siendo penados con cárcel y multas. En este sentido es paradigmático el caso de la periodista Pascale Bonnefoy que en enfrentó en nuestro país un juicio oral por injurias y calumnias debido a un reportaje publicado hace ya un tiempo. En su trabajo citaba a numerosos ex presos políticos que habían reconocido, identificado con nombre y apellido, a un militar que diversos testigos asocian al asesinato del cantante Víctor Jara. Si bien Bonnefoy fue absuelta, es una herramienta destinada a sancionar información publicada en varios medios y de evidente interés público.
A nivel de legislación, también es una estrechez la ausencia de una ley sobre publicidad oficial que transparente, regule y profesionalice la inversión publicitaria del Estado con criterios que incluyan a los medios en todos los soportes y en todo el país. Otra gran limitación es la Ley General de Telecomunicaciones que consagró un mecanismo de concesión de radiodifusión sonora que renovó de manera casi automática las concesiones vigentes. La reforma a las radios comunitarias adolece de varias deficiencias para un acceso equitativo al espectro radioeléctrico y, si bien el país ya ha anunciado la adopción de la norma japonesa para la introducción de la televisión digital terrestre, el debate más duro sobre la estructura de concesiones televisivas está por venir. En ese contexto, el proyecto de reforma a la ley de Televisión Nacional de Chile no va al fondo, por ejemplo, en cuanto al financiamiento. Es más: ni siquiera se ha planteado la discusión respecto de la necesidad de otros medios públicos, como radiales.
Pero son los comunicadores en el marco del llamado conflicto chileno-mapuche, uno de los grupos más vulnerados en sus derechos, pero por añadidura toda nuestra sociedad, al tener sólo versiones parciales de los temas y procesos de éste. Durante 2008, varios documentalistas extranjeros que se encontraban en la región de La Araucanía fueron detenidos y expulsados del país. Ese mismo año fue detenida y acusada de ser la autora intelectual de delitos comunes la documentalista Elena Varela, quien fue absuelta a principios de 2010. Varela se encontraba rodando un documental sobre el conflicto mapuche (“Newen Mapu Che”). La policía incautó su material original, que incluía entrevistas con dirigentes que se encuentran en la clandestinidad. La reserva de fuente desde entonces, está más en riesgo que nunca y así lo han entendido quienes trabajan con temas conflictivos como éste.
En mayo se conmemora anualmente en el mundo el Día de la Libertad de Prensa. La invitación no es a celebrar, sino a revisar dónde –todavía- nos aprieta el zapato para realmente avanzar hacia una sociedad informada en que sus ciudadanos y ciudadanas puedan tomar decisiones con libertad.
Claudia Lagos es coordinadora del programa de Libertad de Expresión del Instituto de Comunicación e Imagen, Universidad de Chile. En tanto, Victoria Uranga es directora de la Cátedra Unesco “Medios de Comunicación y Ciudadanía”, en la Escuela de Periodismo de la Universdad Diego Portales.
Los asesinatos, amenazas, desapariciones, agresiones directas contra periodistas, así como su encarcelamiento, demandan todos los esfuerzos prioritarios de las organizaciones internacionales y nacionales de defensa de derechos humanos, en general, y de libertad de prensa en particular. Pero lo menos “evidente” es igualmente grave, particularmente en países como el nuestro en que los consensos y la falta de debate hacen parecer como si no tuviéramos problemas.
El informe regional 2009 del Comité de Protección para Periodistas no dice una palabra sobre Chile. Eso no quiere decir que en nuestro país no haya restricciones ni violaciones a la libertad de prensa. De hecho, el reporte anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA identifica algunos hechos graves, como los que afectan a comunicadores mapuche. Creemos, más bien, que lo que nos falta –tanto a nivel local como internacional- es más y mejor información. Comenzando porque ni siquiera sabemos cuántos periodistas hay en Chile ni menos cuántos de ellos ejercen en medios de comunicación.
En lo macro, la precariedad laboral de los periodistas es uno de las problemáticas concretas que afectan a la libertad de prensa en Chile y concuerdan con lo que la Relatoría para la Libertad de Expresión ha calificado de violaciones indirectas. Es decir, aquellos mecanismos revestidos de legalidad pero que tienen como consecuencia restricciones efectivas al libre debate y confrontación de ideas, de opiniones e informaciones.
El “suavizar las noticias” o la autocensura son también prácticas habituales en el sistema medial chileno. Un estudio realizado en la Universidad de Chile identifica que “el 84% de los periodistas y editores encuestados reconocen que han tenido que suavizar una noticia por recomendación de un superior”. Como ejemplos de dinámica podemos incluir lo que ocurrió en el 2007 con la censura y aplazamiento del programa “Epopeya” en TVN o en el 2009 cuando el programa “Contacto” del Canal 13 dejó guardado en el cajón un reportaje que fiscalizaba la labor del Parlamento.
De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre violación al artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que se refiere a la libertad de expresión, ha sancionado a Chile en tres oportunidades. Una vez a principios de los ’90, por la censura a la película “La última Tentación de Cristo”; el segundo, en el caso de Marcel Claude contra el Estado chileno y que es el primer fallo de un tribunal internacional en materia de acceso a información (2006), y el tercero, en el caso del ex oficial de la Armada, Humberto Palamara, que había sido condenado durante los ’90 por desacato y su libro censurado.
Imposible dejar de mencionar las herramientas legales vigentes que aún permiten restricciones a la libertad de expresión en Chile. El libro negro de la Justicia Chilena, de Alejandra Matus (1999) o Cecilia, la vida en llamas, de Cristóbal Peña, fueron retirados de circulación por una norma que permite a los tribunales retener los elementos de pruebas de delitos, en este caso, publicaciones. El problema es que los jueces han interpretado ampliamente esta disposición y han sacado de circulación todos los ejemplares y no solo uno que se adjunte al proceso. Impunidad Diplomática, el libro de Francisco Martorell, director de esta revista, a la fecha no ha podido distribuirse en Chile debido a un fallo judicial de principios de los ’90 que consideró más relevante la protección de la honra que la libertad de expresión.
Otras situaciones lamentables encontramos en los llamados delitos de opinión e información siguen siendo penados con cárcel y multas. En este sentido es paradigmático el caso de la periodista Pascale Bonnefoy que en enfrentó en nuestro país un juicio oral por injurias y calumnias debido a un reportaje publicado hace ya un tiempo. En su trabajo citaba a numerosos ex presos políticos que habían reconocido, identificado con nombre y apellido, a un militar que diversos testigos asocian al asesinato del cantante Víctor Jara. Si bien Bonnefoy fue absuelta, es una herramienta destinada a sancionar información publicada en varios medios y de evidente interés público.
A nivel de legislación, también es una estrechez la ausencia de una ley sobre publicidad oficial que transparente, regule y profesionalice la inversión publicitaria del Estado con criterios que incluyan a los medios en todos los soportes y en todo el país. Otra gran limitación es la Ley General de Telecomunicaciones que consagró un mecanismo de concesión de radiodifusión sonora que renovó de manera casi automática las concesiones vigentes. La reforma a las radios comunitarias adolece de varias deficiencias para un acceso equitativo al espectro radioeléctrico y, si bien el país ya ha anunciado la adopción de la norma japonesa para la introducción de la televisión digital terrestre, el debate más duro sobre la estructura de concesiones televisivas está por venir. En ese contexto, el proyecto de reforma a la ley de Televisión Nacional de Chile no va al fondo, por ejemplo, en cuanto al financiamiento. Es más: ni siquiera se ha planteado la discusión respecto de la necesidad de otros medios públicos, como radiales.
Pero son los comunicadores en el marco del llamado conflicto chileno-mapuche, uno de los grupos más vulnerados en sus derechos, pero por añadidura toda nuestra sociedad, al tener sólo versiones parciales de los temas y procesos de éste. Durante 2008, varios documentalistas extranjeros que se encontraban en la región de La Araucanía fueron detenidos y expulsados del país. Ese mismo año fue detenida y acusada de ser la autora intelectual de delitos comunes la documentalista Elena Varela, quien fue absuelta a principios de 2010. Varela se encontraba rodando un documental sobre el conflicto mapuche (“Newen Mapu Che”). La policía incautó su material original, que incluía entrevistas con dirigentes que se encuentran en la clandestinidad. La reserva de fuente desde entonces, está más en riesgo que nunca y así lo han entendido quienes trabajan con temas conflictivos como éste.
En mayo se conmemora anualmente en el mundo el Día de la Libertad de Prensa. La invitación no es a celebrar, sino a revisar dónde –todavía- nos aprieta el zapato para realmente avanzar hacia una sociedad informada en que sus ciudadanos y ciudadanas puedan tomar decisiones con libertad.
Claudia Lagos es coordinadora del programa de Libertad de Expresión del Instituto de Comunicación e Imagen, Universidad de Chile. En tanto, Victoria Uranga es directora de la Cátedra Unesco “Medios de Comunicación y Ciudadanía”, en la Escuela de Periodismo de la Universdad Diego Portales.
