CUBA: Muertes evitables que no se evitan

Cuba: las mascarillas contra COVID-19 no son mordazas.

El autoritarismo aprovecha la emergencia sanitaria y el temor de los ciudadanos al coronavirus para recortar libertades, aplastar derechos e imponer el férreo control sobre la vida cotidiana.

Pues parece que nos están masacrando de nuevo ante la impasibilidad del común de los mortales. inmersos en el pánico imperante no ven, o no quieren creer lo que ocurre por ser demasiado inaceptable. Estos días comprobamos que los modos de proceder de la ciudadanía superan con creces la actitud de sus gobernantes.

Por el contrario, nuestras autoridades (que se han visto desbordadas por todos lados, todo hay que decirlo) se comportan y han comportado de modo irresponsable, nefasto y peligroso para gran parte de la población, discriminando a ciertos grupos por el mero hecho de pertenecer a colectivos hoy más que nunca de la casta de los «intocables», dejando ver el sádico edadismo y nocivo capacitismo de quienes rigen nuestro destino.

O eso dicen quienes lo cuchichean en volumen creciente. Porque vamos allá con historias presuntamente para no dormir: ¿alguien se imagina que a nuestros ancianos y discapacitados les estuvieran negando sistemáticamente tratamientos médicos básicos y fundamentales para su supervivencia a favor de tratar a otras personas? Eso sería impensable en 2020, 

¿no?

Sería impensable pero supuestamente sucede. A todo esto hay que recordar que la realidad supera con creces la ficción, ¿y no es cierto que una mentira repetida cien veces o mil se convierte automáticamente en una verdad, que hay vidas que tienen más valor que otras? 

¿No hay vidas que son fácilmente desechables como pañuelos de usar y tirar, de esos que nos recomiendan utilizar en la actualidad?

En razón de esa mentira repetida mil veces, ¿los doctores que tienen que velar por nuestra salud y nuestra seguridad son realmente libres a la hora de tomar determinadas decisiones sobre si A vive o B muere? 

¿O por causa de ese embuste la supuesta libertad de elección de médicos y demás sanitarios se ve condicionada, tomando ingenuamente duras decisiones que ya les son inconscientemente impuestas desde aledaños políticos incapaces?

Pero ya habrá tiempo. Ahora hay que estar unidos (juntos pero no revueltos estamos).

¿Habrá tiempo cuando mueran centenares de ancianos y personas discriminadas por nuestro funcionamiento? ¿Para qué habrá tiempo, para devolverles la vida? ¿Habrá tiempo para poner cruces en lápidas sin nombre? ¿Será entonces el momento adecuado para interponer demandas inútiles porque el monstruo opresor tiene todos los mecanismos necesarios para defenderse y saldrá indemne de una auténtica sangría? ¿Habrá tiempo para el recuerdo? Porque el olvido ya está comenzando a brotar como si estuviéramos en primavera, que lo estamos. Pienso que mañana no será el tiempo adecuado, porque si algo nos falta es precisamente memoria.

Se lo voy a explicar como a un niño de tres añitos: la característica propia de nuestra civilización es que un grupo de individuos se une formando una “sociedad” que lo primero que hace es proteger la vida y promover la participación de todas las personas, incluyendo las más vulnerables, sea cual sea su condición física o mental, o su edad. Si esas funciones tan elementales de la sociedad se quiebran, las bases y los cimientos de nuestra cultura se van por el sumidero de las alcantarillas, lo que nadie desea.

Quizá ahora tengan ustedes mayor munición para disparar a cualquier pequeño histérico que diga lo que nadie quiere escuchar, pero este no es momento de eludir la responsabilidad antipática de tirar piedras donde no se debe. Callado y como un borrego judío estaría más bonito. Suele pasar, será carencia de balcón.Pero la verdad es que el Régimen cubano aprovecha crisis de COVID-19 para reprimir a prensa independiente.

Mientras el coronavirus hace estragos en América Latina, otro enemigo -no tan pequeño- también gana terreno: el autoritarismo. En pocas semanas hemos retrocedido años y los pasos atrás pueden acelerarse en los próximos días.

Junto a los necesarios llamados al confinamiento social, las restricciones a la movilidad y el cierre de fronteras, algunos gobiernos han ido más allá y han emprendido una razzia contra la prensa y la libertad de expresión. Entre una y otra col de medidas preventivas nos quieren colar la amarga lechuga de la censura y del recorte de potestades cívicas. Junto a la cuarentena y las mascarillas se extienden por doquier los castigos y las mordazas.

Hemos visto de todo. Desde líderes y gobernantes que azuzan los odios xenófobos y utilizan políticamente la pandemia, hasta otros que promueven movilizaciones masivas, a pesar del riesgo o minimizan las recomendaciones científicas. Mientras muchos políticos aseguran combatir los bulos peligrosos contra la salud, en realidad hunden las tijeras para intentar de paso arrasar con sus críticos, con quienes cuestionan su gestión y con los medios informativos que les resultan incómodos.

En tiempos de epidemia, en Cuba los reporteros independientes reciben más citaciones policiales que de costumbre y los internautas que reportan los errores oficiales son amenazados con castigos ejemplarizantes. Una lluvia de interrogatorios y multas ha caído sobre la prensa no controlada por el Partido Comunista y es de esperar que estas represalias aumenten en la medida en que también lo hagan los casos positivos por COVID-19.

Junto a los interrogatorios de la policía política, las confiscaciones de útiles de trabajo y las penalizaciones monetarias, la nueva ola represiva incluye campañas de satanización contra los medios privados que presentan a los informadores casi como otro tipo de coronavirus. Las autoridades parecen especialmente interesadas en cortar cualquier narración sobre la dura realidad de las largas colas, el desabastecimiento y la incertidumbre económica que se han recrudecido en los últimos días.

Los ataques oficiales están cargados, además, de amnesia. Cuando hace unas semanas las redes sociales se llenaron de exhortaciones para que se cancelaran las clases en las escuelas y se cerraran las fronteras al turismo, los voceros del Gobierno tildaron las propuestas ciudadanas de manipulaciones fabricadas desde el extranjero. Días después, la Plaza de la Revolución tomó un paquete de medidas muy similar a aquel que repudió.

La demora de esas semanas, en que las campañas turísticas oficiales seguían promoviendo a la Isla como "un destino seguro" y hasta insinuaron que las altas temperaturas del Caribe eran una protección adicional frente al contagio, fue ampliamente denunciada en los medios independientes. El costo en vidas de aquella tardanza nunca lo sabremos con certeza.

Ahora, la intolerancia ha escalado un paso más y una joven periodista fue citada la pasada semana por la policía, y le impusieron una abultada multa. Mónica Baró, ganadora del prestigioso Premio Gabo en la categoría de Texto 2019, recibió amenazas por las publicaciones que ha hecho en Facebook. Según los represores, su delito es haber difundido "información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas", según el draconiano Decreto Ley 370 que regula la distribución de contenidos.

Parapetados tras el coronavirus medran otros patógenos peligrosos que, con cuello y corbata o charreteras militares, quieren dejar sin "defensas informativas" a la sociedad.

foto de The Clinic Ley Mordaza

Michael Kozak subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del hemisferio occidental dejó ver que el régimen castrista está aprovechando este periodo para aumentar su represión contra la prensa independiente cubana.

El covid 19 arrasa con todo, hasta con los derechos humanos

La crisis del COVID 19 y el consiguiente Estado de Alarma en algunos paises ha suscitado situaciones que creíamos imposibles hace sólo unas pocas semanas. Hasta el punto de cuestionar los derechos humanos de los más vulnerables, las personas mayores y las personas con diversidad funcional.

Por un lado la situación en los hospitales se ha saturado de tal manera que están al borde del colapso en algunas Comunidades Autónomas y esto ha provocado que se traslade a los médicos la decisión de a quien tratar e ingresar primero en las UCIs, así como llegado el momento a quien se le suministra un respirador. Incluso cuando se debe trasladar a un paciente al hospital. Por los medios de comunicación nos hemos enterado que en estas situaciones se utilizan guías o manuales, donde se dan una serie de recomendaciones en este sentido y se prioriza a aquellos que tienen una expectativa de vida mayor o que no presentan deterioros de movilidad o cognitivos.

Por otra parte estamos también conociendo situaciones terribles en residencias de mayores y de personas con diversidad funcional. Falta de recursos materiales y humanos, sin hacer los test para saber si están contagiados o no, tanto residentes como los y las trabajadoras, sin preparación de cómo afrontar las situaciones que se han presentado. 

Sin relevo para el personal contagiado , sometido a una gran presión laboral y emocional. Con fallecimientos masivos de personas mayores en residencias de varios paises. Y además en soledad, ya que se prohibieron las visitas desde los primeros casos generando desinformación en los residentes y sus familias, que no saben que está sucediendo dentro ni en ocasiones como ésta su familiar. 

El estremecedor testimonio de una persona mayor desde una de las residencias más afectadas resume la situación: «Es la forma más sibilina de morir que he visto en mi vida. Convivimos con la muerte».

Esta situación es ética y moralmente inaceptable. Y atenta contra los derechos humanos, pues presupone una discriminación hacia determinadas personas. Todos los seres humanos tenemos la misma dignidad intrínseca y el mismo valor por el hecho de serlo. Debemos ser tratados igual tanto en hospitales como en residencias.

Conviene recordar además que son las personas mayores, aquellas nacidas en las primeras décadas del siglo XX que ahora tienen más de 70 años, las que con su trabajo, esfuerzo y sacrificio han construido lo que conocemos como Estado del Bienestar, que es lo que nos está permitiendo afrontar la situación. 

Son las que pusieron los pilares en la transición para que disfrutemos hoy en día de una democracia moderna y un Estado de Derecho. Estado de derecho que no debería permitir esa discriminación por vulnerabilidad, porque va contra su propia esencia.

La calidad de un Estado, de una sociedad se mide por la protección y el trato hacia las personas mayores y los más vulnerables. No es suficiente con repetir desde las instituciones que no se va a dejar a nadie atrás, porque la realidad demuestra que muchas personas vulnerables ya han quedado atrás en esta crisis que se está llevando por delante tantas cosas. Y de la que tendremos que sacar conclusiones para no repetir los errores cometidos.

Es necesario revertir la situación de manera urgente, hacer test masivos y suministrar el material de protección necesario a las residencias y a personas que trabajan directamente con aquellos que necesitan apoyos para realizar las actividades de la vida diaria. Aliviar la presión que hay en estas instituciones contratando personal y acercar a las personas mayores a sus familiares a través de las nuevas tecnologías, para mantener las informadas y en contacto.

by REINALDO RODRIGUEZ HERNANDEZ

Cuba y su Decreto Ley 370: aniquilando la libertad de expresión en Internet

Las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación y repudio respecto a la persecución en contra de periodistas y actores de la sociedad civil independiente en Cuba, la cual se ha visto agravada desde principios de este año y particularmente a partir de la crisis sanitaria causada por la pandemia del coronavirus.

Si bien la situación de represión de la libertad de expresión y prensa es histórica y sistemática, la escalada represiva actual se recrudece en el marco de la aplicación del Decreto Ley 370 “SOBRE LA INFORMATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD EN CUBA”, en vigor desde el 4 de julio de 2019. Al menos 30 personas han sido sometidas a interrogatorios, amenazas, y decomiso de medios de trabajo especialmente de las y los periodistas, por difundir sus opiniones en redes sociales y 20 han sido víctimas de la imposición de multas de 3000 pesos (120 dólares), cuantía que triplica el salario medio mensual vigente. El impago de multas constituye un delito que prevé sanción de seis meses de cárcel, proceder sistemático por el que Cuba condenó a siete actores de la sociedad civil, actualmente en prisión. Particular preocupación nos causan las citaciones y detenciones arbitrarias en este momento de pandemia, lo cual además contradice las propias recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud toda vez que se indica promover al máximo el distanciamiento social. 

Estos hechos demuestran que los derechos enunciados en la actual Constitución cubana, pero no ratificados con legislación complementaria, son una mera y vacía declaración. En cuanto a libertad de expresión el artículo 54 de la norma constitucional sostiene: “El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas, la libertad de pensamiento, conciencia y expresión.”, y en el 55, “la libertad de prensa”, derecho que asegura “se ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad. Adicionalmente este artículo establece que “Los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas; y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad. El Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social.”

Entendemos que estas prescripciones constitucionales son altamente contradictorias. Inicialmente declaman el reconocimiento a las libertades de expresión y prensa y, acto seguido, limitan su ejercicio. En consonancia con la norma constitucional, el Decreto Ley 370, y en particular su artículo 68 inciso i), establece, de una forma vaga e imprecisa, como contravención la acción de “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. Esta cláusula contraviene los estándares en materia de libertad de expresión y restringe este derecho en base a objetivos que no son legítimos según lo previsto en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La nueva Constitución cubana, el Decreto ley 370, y el accionar del Estado cubano, contravienen plenamente el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), firmado por Cuba el 28 de febrero de 2008; pero que lleva largos años sin ratificar. Este marco, bajo el cual el Estado cubano puede sancionar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), genera un efecto inhibitorio de la libertad de expresión ejercida a través de estas herramientas y plataformas, en tanto pesa una amenaza real y permanente de sanción para las personas, prácticamente para cualquier discurso que emitan y que discrecionalmente los órganos del Estado pueden calificar como una contravención legal, y posteriormente conducir a la privación de libertad. Asimismo, esta falta de previsibilidad tiene un efecto inhibitorio o amedrentador en la dimensión colectiva de la libertad de expresión y de reunión.

Queremos subrayar que Reporteros sin Fronteras (RSF) ha señalado a Cuba como el país con menos libertad de prensa de América, ubicándolo en el número 171, entre los diez peores del ranking a nivel mundial en su último informe anual. Según Freedom House, es el país con menor libertad en la red de las Américas y el cuatro peor a nivel mundial, entre los 65 monitorizados[1]. Conforme el Índice CIVICUS Monitor indicativo de la vigencia de las libertades de asociación, expresión y reunión pacífica, su espacio cívico es calificado como "cerrado".

El Relator Especial sobre la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas en 2019 mostró su preocupación por los diversos mecanismos de represión en Cuba [2]. La Relatoría de Libertad de Expresión (RELE) del sistema interamericano en su informe de 2019 reseñó la persecución sistemática a periodistas independientes que difunden información y opiniones sobre temas de interés público y en su comunicado del 18 de abril de 2020, expresó su preocupación por las restricciones a la libertad de expresión y el acceso a la información en la respuesta del Estado al COVID 19, resaltando los casos de periodistas multados en virtud del Decreto-Ley 370.

Rogamos a la comunidad internacional, gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales de protección de derechos humanos que exijan al Gobierno cubano que finalice de inmediato dicha persecución y acoso a ellas y ellos, y a sus familias, y se les devuelvan los bienes decomisados permitiéndoles el pleno y libre ejercicio de sus libertades, y permita a la ciudadanía cubana el libre acceso a la información.

Al Servicio de Acción Exterior (SEAE) de la Unión Europea, recomendamos siga las posiciones y mandato explícito [3] de su Parlamento sobre el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba en las que solicita aplique reformas jurídicas para garantizar las libertades de prensa, asociación y manifestación; y apoyen activamente a los grupos de la sociedad civil y a las personas defensoras de derechos humanos en Cuba. 

Al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Oficina del Alto Comisionado, solicitamos se manifiesten públicamente y recomienden al Estado cubano revisar su legislación y derogar las normas que restringen la libertad de opinión y expresión.

A la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que, en base a los informes de la CIDH sobre la situación de derechos humanos en Cuba, se pronuncie sobre la aplicación de los estándares que exige a todos los países de la región. Cuba es un estado miembro y no ha denunciado la Carta constitutiva. Asumió la obligación cuando suscribió instrumentos del sistema en materia de derechos humanos, que la suspensión actual no le exime de cumplir.

Atento a lo expresado, reiteramos nuestra plena solidaridad con las y los periodistas independientes y actores de la sociedad civil perseguidos en el ejercicio de su libertad de expresión. 

[1] Informe Freedom on the Net 2019, Freedom House.

[2] Comunicaciones AL CUB 1/2019, OL CUB 2/2019, AL CUB 5/2019, AL CUB 7/2019

[3] Resolución “Cuba, en particular el caso de José Daniel Ferrer” P9_TA(2019)0073 del 28 de Noviembre del 2019

El régimen castrista deja 7.365 asesinados, 20.000 presos políticos y 2.500.000 exiliados

El régimen castrista tiene un largo historial de ejecuciones, desapariciones, asesinatos extrajudiciales, opresión a la disidencia así como a los periodistas, que tratan de ejercer el derecho fundamental a la libertad de expresión.

El régimen castrista tiene un largo historial de ejecuciones, desapariciones, asesinatos extrajudiciales, opresión a la disidencia así como a los periodistas, que tratan de ejercer el derecho fundamental a la libertad de expresión.

La vida del comandante Fidel Castro se apagó ayer y fueron muchos los que en diversas partes del mundo celebraron su fallecimiento: enemigos, no le han faltado nunca. El líder de la Revolución ha muerto en su cama y en una Cuba comunista, a pesar de lo que se auguró y conspiró en su contra. Por mucho que se quiera almidonar su figura –por respeto a los familiares del nonagenario–, lo cierto es que Castro gobernó el país caribeño con excesiva mano dura y hay muchas sombras que examinar. En los 57 años que lleva en curso el régimen castrista, han fallecido y desaparecido unas 10.000 personas, la mayoría de ellas ejecutadas o asesinadas extrajudicialmente.

«Las cifras son sólo casos documentados, sabemos que en la realidad son muchos, muchos, más», explica a LA RAZÓN María Werlau, directora ejecutiva de Archivo Cuba, un proyecto que se dedica a registrar los crímenes del Gobierno cubano.

De acuerdo a Archivo Cuba, tanto Fidel como su hermano Raúl son responsables de la opresión del pueblo cubano y las sistemáticas violaciones de los derechos humanos desde el 1 de enero de 1959, pues aunque Fidel lleva apartado de la primera línea política desde 2006 y Raúl fue designado Secretario general del Partido Comunista, los graves abusos han continuado.

Asimismo, la organización cuenta como muertes atribuidas indirectamente al Estado cubano, a los fallecidos durante su huida de la isla en busca de libertad, pero no las ahogadas en el mar. La diáspora cubana cuenta con más de 2,5 millones de personas, la mitad de ellas, viven en la actualidad en el estado de Florida, en EE UU. Archivo Cuba no ha podido documentar todos los ahogamientos con precisión, pero calculan que serían unos 20.000

Según los documentos a los que tuvo acceso este periódico, 7.365 personas han muerto y sólo hay un responsable: el régimen de los Castro. Alrededor de 5.775 personas fueron directamente ejecutadas, la mayoría en pelotones de fusilamiento en los primeros años del triunfo de la Revolución, aunque a lo largo de estas últimas décadas también se han registrado asesinatos deliberados o extrajudiciales por parte de las autoridades cubanas.

Mención especial merecen los muertos dentro de la cárcel, ya sea por huelga de hambre (16) como víctimas de sospechosos homicidios dentro de las prisiones (159) o por la negación de asistencia médica (209).

Es increíble que en un país con una población de 11 millones de habitantes existan 200 cárceles, muchas de ellas de extrema o máxima seguridad. Tras los primeros años de la llegada al poder de Castro, había unos 20.000 presos políticos que expresaron su disconformidad con el comunismo. No sólo lo recordó el disidente Guillermo Fariñas a LA RAZÓN, también el propio Fidel Castro se jactó de ello en 1965.

Todo el mundo guarda en la memoria el año 2003, aquella primavera negra en la que 75 cubanos fueron encarcelados y condenados hasta a 28 años de prisión. Tras varias amnistías del Gobierno en busca de acuerdos internacionales, en la actualidad hay entre 50 y 100 presos políticos, dependiendo de la ONG. Las detenciones políticas no se han reducido, al contrario, según varios activistas consultados, desde el deshielo entre EE UU y Cuba, la represión se recrudeció. Así, en 2010 hubo 2.974 arrestos por motivos políticos, pero en 2015 aumentó a 8.616 y en lo que va de año ya son más de 7.800.

Por mucho que al comandante le gustara escribir artículos de opinión en el diario «Granma», la libertad de expresión tampoco es el fuerte de Cuba. Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), la isla caribeña es el décimo peor país del mundo para la libertad de prensa (está en el puesto 171, es decir, es aún más pésimo que países como Irán o Arabia Saudí) y es el último país de América Latina. Desde RSF resaltan que «el Gobierno cubano mantiene un completo monopolio de la información y no tolera ninguna voz independiente». Por si esto fuera poco, las retenciones, las breves detenciones y la confiscación del material periodístico siguen siendo el día a día de los reporteros no oficialistas. Sin ir más lejos, en octubre 11 periodistas fueron detenidos por informar (ya no de la dictadura o la represión) sobre los efectos del huracán «Matthew». Aunque suelen soltarlos a las pocas horas o días, aún hay periodistas en las cárceles cubanas.

PALABRAS DE FIDEL

Cuba: La era de Fidel Castro, marcada por la represión

El errado embargo estadounidense sólo sirvió para justificar los abusos del régimen.

Durante las casi cinco décadas que gobernó Cuba, Fidel Castro impuso un sistema represivo que castigó prácticamente todas las formas de disenso, un legado que lamentable perdura incluso después de su muerte, señaló la Human Rights Watch.

Durante el régimen de Castro, miles de cubanos fueron encarcelados en prisiones en condiciones deplorables, otros miles fueron perseguidos e intimidados y a generaciones enteras se les negaron libertades políticas básicas. Cuba logró avances en salud y educación, pero muchos de estos logros se vieron contrarrestados por largos períodos de dificultades económicas y políticas represivas.

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Fidel Castro.  © 2016 Reuters

“A medida que los países de América Latina abandonaban gradualmente los regímenes autoritarios, la Cuba de Fidel Castro siguió siendo el único país de la región que continuó reprimiendo prácticamente todos los derechos civiles y políticos”, expresó José Miguel Vivanco, director para la Américas de Human Rights Watch. “El régimen represivo creado por Fidel Castro pudo mantenerse en pie durante décadas gracias a un control draconiano que incluía duros castigos impuestos por el gobierno a quienes se atrevían a disentir mínimamente”.

La represión se consagró en la legislación y fue aplicada por las fuerzas de seguridad, grupos de civiles alineados con el Estado y un poder judicial totalmente subordinado al ejecutivo. Estas prácticas abusivas instalaron en Cuba un clima de temor permanente que coartó el ejercicio de derechos fundamentales, presionó a los cubanos a demostrar su lealtad al gobierno y desalentó cualquier posibilidad de crítica.

Muchas de las tácticas abusivas desarrolladas mientras Castro estuvo en el poder —como vigilancia, golpizas, detenciones arbitrarias y actos públicos de repudio— aún hoy continúan siendo usadas por el gobierno cubano.

Castro llegó al poder en 1959, tras liderar una revolución que derrocó al gobierno corrupto y abusivo de Fulgencio Batista. Gobernó por decreto hasta 1976, año en que se reformó la estructura del gobierno mediante una nueva constitución, cuya redacción supervisó él mismo. Desde entonces, y hasta que traspasó el poder a su hermano Raúl en julio de 2006, Fidel Castro desempeñó los tres cargos con más poder en el gobierno de Cuba: presidente del Consejo de Estado, presidente del Consejo de Ministros y primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Fidel Castro renunció oficialmente a su función de presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros en febrero de 2008, y dejó su rol como primer secretario el 19 de abril de 2011.

Durante el período de Castro, Cuba logró importantes avances en el ejercicio progresivo de algunos derechos económicos, sociales y culturales, como la educación y la atención de la salud. Por ejemplo, la UNESCO ha concluido que existe un nivel de alfabetización casi universal en la isla y, según previsiones de UNICEF, el país estaría encaminado para alcanzar la mayoría de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El progreso en el plano de los derechos económicos, sociales y culturales nunca estuvo acompañado por avances similares en el reconocimiento de los derechos civiles y políticos. Durante las décadas en que Castro se mantuvo en el poder, la negación de libertades fundamentales fue implacable, e incluso se intensificó en ciertos períodos, como la ola represiva contra 75 defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y otros críticos del gobierno que tuvo lugar en 2003. Estas personas fueron acusadas de “mercenarias” del gobierno estadounidense y juzgadas en forma sumaria en procesos a puertas cerradas. Muchas permanecieron años en prisiones en condiciones inhumanas, fueron sometidas a largos períodos de aislamiento y golpizas, y se les negó asistencia médica básica incluso cuando padecían enfermedades graves. Más de 50 de estos presos políticos fueron liberados luego de que Fidel Castro traspasara el poder a su hermano, en la mayoría de los casos con la condición de que aceptaran exiliarse a España.

Mientras Fidel Castro estuvo en el poder, el gobierno cubano se negó a reconocer legitimidad a organizaciones cubanas de derechos humanos, partidos políticos alternativos, sindicatos independientes o una prensa libre. Tampoco permitió que veedores internacionales, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, y organizaciones no gubernamentales internacionales, como Human Rights Watch, visitaran la isla para investigar la situación de los derechos humanos en el país.

Los distintos intentos del gobierno estadounidense para propiciar cambios en Cuba durante el régimen de Castro fracasaron una y otra vez. En la década de 1960, estos intentos incluyeron acciones militares encubiertas para deponer a Castro, como la invasión fallida en Bahía de Cochinos y varios intentos frustrados de asesinato. El Presidente Dwight Eisenhower impuso el embargo en 1960, y esta medida posteriormente fue ampliada por el Presidente John F. Kennedy y se formalizó con la adopción de la Ley por la Libertad y la Solidaridad Democrática en Cuba (Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act), de 1996. Esta ley, también conocida como “Helms-Burton”, prohíbe al presidente de Estados Unidos levantar las restricciones comerciales mientras Cuba no haya legalizado la actividad política y expresado un compromiso de celebrar elecciones libres y justas. También prohíbe levantar el embargo mientras Fidel o Raúl Castro estén en el poder.

El embargo ha impuesto privaciones indiscriminadas a la totalidad del pueblo cubano, y no ha contribuido en absoluto a mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba. En lugar de aislar a Cuba, esta política ha aislado a Estados Unidos. Castro supo usar hábilmente el embargo para cosechar simpatías en el exterior, y al mismo tiempo le sirvió como pretexto para reprimir intentos legítimos de promover reformas en Cuba desde adentro, afirmando que estas iniciativas respondían a intereses de Estados Unidos y eran financiadas por ese país.

En diciembre de 2014, el Presidente Barack Obama inició finalmente un proceso de cambio en la política estadounidense, al anunciar que Estados Unidos normalizaría las relaciones diplomáticas con Cuba y moderaría las restricciones a los viajes y al comercio con la isla, e instó al Congreso a considerar la posibilidad de levantar el embargo. A cambio de esto, el gobierno de Raúl Castro concedió la libertad condicional a 53 presos políticos que se encontraban privados de su libertad desde hace varios meses.

Aun así, las leyes orwellianas que permitieron su encarcelamiento —y el de miles de personas antes que ellos— siguen vigentes, y el gobierno cubano continúa reprimiendo a personas y grupos que critican al gobierno o reivindican derechos humanos fundamentales.

Los arrestos arbitrarios y las detenciones breves son habituales e impiden que defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas puedan reunirse o desplazarse libremente. A menudo se realizan detenciones preventivas de personas para evitar que participen en marchas pacíficas o en reuniones políticas.

Ambos gobiernos restablecieron las relaciones diplomáticas en julio de 2015. En marzo, el Presidente Barack Obama visitó Cuba y se reunió con el Presidente Raúl Castro y con representantes de la sociedad civil cubana. Obama dio un discurso que se trasmitió por televisión a todo el país y celebró una conferencia de prensa con Raúl Castro, e instó en esas ocasiones al gobierno cubano a acabar con las restricciones a las libertades políticas y reiteró su pedido al Congreso de Estados Unidos de que pusiera fin al embargo económico sobre la isla.

“Durante décadas, Fidel Castro fue el principal beneficiario de una política de aislamiento profundamente errada de Estados Unidos que le permitió victimizarse y, con ello, disuadir a otros gobiernos de repudiar sus prácticas represivas”, indicó Vivanco. “Si bien el embargo de Estados Unidos continúa vigente, la política de acercamiento diplomático iniciada por el gobierno del Presidente Obama ha modificado esta ecuación, al privar al gobierno cubano de su principal pretexto para reprimir el disenso en la isla”.

Castro superó a Pinochet Los mismos que alaban al cubano denunciaron sin reservas al chileno

El Gobierno cubano decretó un duelo de nueve días para despedir a Fidel Castro. Son incontables los duelos que él provocó como parte de su monstruoso legado.

Resulta curioso que líderes y medios de prensa de países democráticos se refieran al recién fallecido dictador cubano como “líder revolucionario” y celebren su papel protagónico en el escenario mundial o sus supuestos logros en materia de salud y educación. Suena especialmente absurdo cuando desmontar tan persistentes mitos sólo requiere ir a una clínica, escuela o barrio fuera del circuito de turismo de solidaridad en Cuba o hablar con cualquier cubano que haya escapado de la isla prisión. Peor aún, las justificaciones o alabanzas vienen de boca de los mismos que denunciaron sin reservas la dictadura de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990).

Resulta interesante comparar dictadores, sin el menor ánimo de justificar a ninguno.

El régimen militar chileno duró 16 años. Pinochet cedió el poder pacíficamente al perder un plebiscito al que había accedido para que los chilenos decidieran si debía continuar. Además, entregó un país pujante con una economía en crecimiento. Pero dejó un saldo oficial de 3.216 desaparecidos y asesinados. Los casos de prisión política y/o tortura ascienden a 38.254 personas. Nadie se lo justificó.

Los mismos que alaban al cubano denunciaron sin reservas al chileno

Fidel Castro, por su parte, fue comandante en jefe durante 47 años, 31 años más que Pinochet, y co-dictador 10 años más. Nunca se sometió a una elección libre y sólo cedió poder a su hermano, en cuotas cuyos límites se desconocen, cuando no le quedó más remedio. Creó un Estado parásito que se ha tragado miles de millones de dólares de la antigua Unión Soviética, Venezuela y de bancos y comerciantes capitalistas del mundo entero. Dejó un país en ruinas y una población con el menor salario promedio mensual del planeta, 23 euros al mes.

Lo que es más, Fidel Castro ha dejado una secuela de muertos, desaparecidos, torturados y presos políticos muy superior a la de Pinochet, y que se siguen sumando. Hasta el día en que murió, oficialmente el pasado 25 de noviembre, se le atribuían al menos 7.173 muertes y desapariciones. Sólo los casos de fusilamiento y ejecución extrajudicial documentados para los primeros tres años y medio de mandato exceden la cifra total de muertos de la dictadura militar chilena. Peor aún, Castro asesinó sistemáticamente a civiles, niños incluidos, por pretender escapar de su país, algo que a Pinochet nunca se le ocurrió. En la memoria quedan, por ejemplo, los 31 adultos y los 10 menores del remolcador 13 de Marzo, hundido en 1994 por barcos del Gobierno cubano cuando huía de la isla.

Dichos datos son parte de un registro caso por caso que Archivo Cuba está compilando de vidas perdidas por causa de la Revolución Cubana durante dos dictaduras, la de Fulgencio Batista (1952-1958) y la actual. Dicha organización sin ánimo de lucro sólo reporta casos documentados sobre los cuales ha podido obtener datos fiables, lo que es muy difícil dado el control que hay en Cuba. La entidad estima que la cifra real de víctimas cubanas es más de 10 veces mayor.

Hubo más muertos en los tres primeros años de Castro que en los 16 de Pinochet

Además, y de esto nadie acusa a Pinochet, Fidel Castro dejó cientos de miles de muertos regados por el mundo; exportó su modelo tenazmente hacia casi toda la América Latina y África, así como a países de Oriente Próximo, mediante intervenciones armadas, terrorismo y subversión. Los ejemplos sobran. Las víctimas del castrismo incluyen estadounidenses asesinados en el corazón de Wall Street en Nueva York por el grupo terrorista puertorriqueño FALN, apoyado, adiestrado y financiado por Cuba. En Venezuela, las bandas criminales que hoy día siembran el terror y ya se han cobrado miles de vidas fueron entrenadas por Cuba.

La osadía de Fidel Castro lo llevó incluso a crear una máquina de matar de exportación. Según oficiales que han desertado de los servicios de inteligencia cubanos, existían equipos especiales de sicarios dentro del Ministerio del Interior cubano para perpetrar asesinatos fuera de sus fronteras, incluso en Europa.

Al castrismo se le atribuyen al menos 7.173 asesinatos

En fin, Fidel Castro bien podría fácilmente haberse llevado a cuestas un millón de almas. Cada una fue una vida sesgada, un destino truncado y una secuela de seres queridos destrozados. Así, el dictador cubano tejió una historia de terror, sangre, y dolor que comienza en las montañas, paredones y calabozos tropicales, se desparrama por una enorme tumba en el mar Caribe y se extiende por el mundo entero. Pinochet no le llega a los tobillos…

Racismo, Xenofobia y COVID-19

El racismo, como la xenofobia y la etnofobia, tiene una característica común con el COVID-19. En cuanto “enfermedades contagiosas” acechan sin ser vistas, se propagan rápidamente, causan graves daños en las personas y, en general, en las sociedades. Reparar las consecuencias de este tipo de discriminaciones, no digamos ya curarlas (o prevenirlas), exige otra forma de actuar. Como recordaba Maquiavelo, si se quiere predecir el futuro, se debe tener en cuenta el pasado, porque los acontecimientos humanos siempre se parecen a los de los tiempos anteriores.

La lucha contra la discriminación por origen racial o étnico, y contra la xenofobia, no es una cuestión nueva. De hecho, el instrumento internacional de referencia, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial se aprobó en 1965. Los estándares normativos afianzados en las últimas décadas han sido fundamentales para consolidar en el ámbito internacional y nacional un amplio marco jurídico en la lucha contra la discriminación. 

Sin embargo, estos esfuerzos no han permitido erradicar las múltiples formas de discriminación por origen racial o étnico, como ha evidenciado de manera reiterada en sus informes la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia.

Contra el virus de la discriminación seguimos sin aplicar la vacuna de la igualdad. Por eso, el racismo, la xenofobia y la etnofobia derivados de la pandemia por COVID-19, han encontrado una sociedad debilitada que ha permitido que estas formas de desigualdad crezcan y se fortalezcan.

En las investigaciones de varias organizaciones internacionales sobre las experiencias de discriminación de las minorías, constata que se han producido incidentes racistas o xenófobos, delitos de odio contra personas por su origen (percibido) como chino o asiático, y casos de discurso de odio contra otros grupos de extranjeros y personas romaníes. Este tipo de discriminación, como ocurre siempre en la práctica, se ha combinado también con otras por razón de género, edad, religión y discapacidad. Se pone así en evidencia la necesidad de una perspectiva interseccional en materia de discriminación, es decir, aquella que tiene en cuenta que cuando concurren diversos factores de discriminación, como los señalados, la confluencia simultánea de estos motivos hace que surja una nueva forma de opresión que tiene perfiles propios.

Como señala algunos de estos informes, en diferentes paises, se han producido incidentes de racismo, xenofobia e intolerancia dirigidos a ciertas comunidades por su nacionalidad, origen racial o étnico, vinculadas a la pandemia por COVID-19, que pueden resumirse en tres ámbitos:

1. La dificultad en el acceso a determinados bienes y servicios. A pesar de que los datos son provisionales, se documenta una especial dificultad para el disfrute de los recursos sanitarios y para la correcta garantía del derecho a la educación (en este caso también por las cuestiones derivadas de la brecha tecnológica) en el ámbito público; y en el sector privado se refleja en los obstáculos para acceder a servicios como farmacias y supermercados. Así se ha evidenciado también en la campaña #NoSoyUnVirus, (#ImNotAVirus, #JeNeSuisPasUnVirus).

Los incidentes motivados por prejuicios impactan no solo en sus víctimas directas sino también en toda la comunidad. Como evidencia la Red Europea contra el Racismo, en tiempos de crisis, las minorías sufren una ansiedad, miedo y preocupaciones mayores sobre su seguridad y la posibilidad de acceder a los servicios de salud (ENAR). El resto de la población, preocupada por la escasez de recursos, especialmente en el ámbito sanitario, suele mostrarse reacia a medidas que hagan prevalecer el principio de igualdad.

2. La preocupación por las declaraciones de representantes de partidos políticos y figuras públicas. En diferentes países se han producido manifestaciones de representantes públicos en las que se hace referencia al origen étnico, racial o nacional de las personas infectadas o fallecidas, contribuyendo al estigma y al rechazo hacia determinados grupos. En ese sentido, la ascendencia de las ideologías y estrategias populistas nacionalistas supone una amenaza significativa para la igualdad racial o étnica, ya que fomenta la discriminación y la intolerancia y la creación de instituciones y estructuras que dejarán legados perdurables de exclusión. Desde el actual populismo nacionalista, con algunos partidos y organizaciones, se promueven prácticas y políticas excluyentes o represivas que perjudican a determinados grupos. Además de apuntar a los extranjeros y las minorías como objetivos de sus ataques, como se ha comprobado con la pandemia, estas prácticas adoptan formas especialmente virulentas y difíciles de perseguir cuando se realizan desde la opacidad que ofrecen las redes (así lo recuerda la Asamblea General de Naciones Unidas).
3. El papel de los medios de comunicación. Las noticias de los medios sensacionalistas sobre el origen y el desarrollo del COVID-19 pueden dar lugar a chivos expiatorios, agitando actitudes racistas y xenófobas. El tratamiento mediático racista, antigitano y xenófobo por parte de algunos medios de comunicación, con noticias sobre el origen de la propagación de la enfermedad o supuestos incumplimientos de la cuarentena que aluden al origen étnico, racial o nacional de las personas implicadas, sirven como pretexto para discriminar. Para prevenir este tipo de actitudes, la Ethical Journalism Network ha publicado una guía con consejos sobre cómo informar del COVID-19, para evitar el perfil racial, el sensacionalismo y el alarmismo.

Se debe enfatizar la necesidad de prestar una especial atención a los colectivos más vulnerables, los grandes olvidados en las medidas contra la pandemia, como las personas que residen en asentamientos chabolistas, las mujeres y los menores víctimas de violencia de género, los menores extutelados, las familias monoparentales (materna o paterna), o las personas en situación de pobreza extrema. Asimismo, no puede obviarse la barrera idiomática que conlleva discriminación y exclusión.

Otras dos medidas son fundamentales para afrontar las dificultades objetivas que encuentran determinadas minorías. Por un lado, la necesidad de garantizar la igualdad de trato por parte de las administraciones públicas a todas las personas independientemente de su origen racial o étnico, sin tomar en consideración su situación administrativa en el pais que esten. Por otro lado, es imprescindible favorecer la posibilidad de denunciar cualquier situación de discriminación tanto propia como ajena, para evitar que queden impunes..

La pandemia ha sido, y es, un escenario excelente para avivar la dualidad del discurso que ve en unos determinados colectivos la posibilidad de uso utilitarista, y, al mismo tiempo, los excluye, como “desechables” en la terminología de Zygmunt Bauman. 

 A ello habría que sumar, la indefinible situación de las personas en esas zonas de suspensión del Derecho que llamamos fronteras, que han visto como el COVID-19 se convierte en un motivo más para sumar detenciones y vulneraciones de sus libertades.

Desde estos parámetros hay que construir la vuelta a lo cotidiano. La nueva normalidad, que en su misma denominación entraña un oxímoron, no debe suponer mantener un modelo que normaliza la discriminación. Eso sería tanto como admitir que todo ha cambiado, para que nada cambie. O lo que es lo mismo, que formamos parte ya del infierno de los vivos, del que hablara Italo Calvino, ese que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. La pandemia por COVID-19, puede ser una buena oportunidad para darnos cuenta, desde la necesaria atención y aprendizaje continuos, de que la lucha por la igualdad, contra la discriminación, es una forma de escapar del averno.