Y, como miembro voluntario de Physicians for Human Rights (PHR) en la defensa de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, firmo la carta de apoyo...
Estimado Dr. Walensky,
Le escribo en apoyo de una carta reciente que recibió de Physicians for Human Rights (PHR), una organización mundial de defensa que ha trabajado en la intersección de la ciencia, la medicina, el derecho y los derechos humanos durante más de 30 años.
Como profesional de la salud, me hago eco de la grave preocupación de PHR de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una nueva orden el 2 de agosto de 2021 para continuar bloqueando y expulsando a familias y adultos que buscan asilo en las fronteras terrestres del sur y norte de los EE. UU. Estas expulsiones han sido justificadas por la administración de Biden como necesarias para proteger la salud pública de la variante Delta del virus que causa COVID-19, sin embargo, los hallazgos de la investigación reciente de PHR indican que la orden de expulsión del Título 42, aunque aparentemente es una política de salud pública, es poner sistemáticamente en peligro la salud y la vida de las personas. Al mismo tiempo, la orden viola las prohibiciones legales internacionales y federales de los Estados Unidos contra la devolución de personas a países donde enfrentan graves daños y persecución.
PHR publicó recientemente la investigación, "Ni la seguridad ni la salud: cómo las expulsiones del Título 42 dañan la salud y violan los derechos", ( https://phr.org/our-work/resources/neither-safety-nor-health/ ) que expone la Los graves daños a la salud y los derechos humanos de la orden de expulsión fronteriza del Título 42, según la cual el gobierno de EE. UU. ha expulsado a niños y adultos que buscan refugio casi un millón de veces desde marzo de 2020.
Este informe encontró que, como resultado de la orden de expulsión del Título 42:
1) Las familias que llegaron a la frontera entre Estados Unidos y México en busca de asilo fueron separadas de manera cruel y forzada por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de su cónyuge o hijo biológico durante la expulsión, y de los menores de los cuales eran el cuidador principal.
2) Las separaciones familiares debido a las expulsiones del Título 42 causaron un daño psicológico severo a los niños, lo que resultó en retrasos en el desarrollo, trastornos del sueño y llanto excesivo.
3) Los migrantes y los solicitantes de asilo fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos por parte del gobierno de los Estados Unidos, incluidos abusos físicos y verbales y un engaño activo sobre su expulsión y el paradero de sus familiares.
4) Los solicitantes de asilo fueron retenidos en condiciones de hacinamiento durante días sin pruebas de COVID-19 y luego transportados en vehículos o aviones llenos de gente para ser expulsados a México.
5) Las expulsiones y el trato por parte de agentes fronterizos estadounidenses exacerbaron las condiciones de salud mental de niños y adultos solicitantes de asilo; casi todos los entrevistados dieron positivo en PTSD, ansiedad y depresión.
6) Después de ser expulsados por el gobierno de Estados Unidos, los solicitantes de asilo informaron que habían sido agredidos, secuestrados, extorsionados y sometidos a violencia física y sexual en México.
Como los expertos en salud pública han objetado durante mucho tiempo, la orden del Título 42 carece de evidencia epidemiológica para justificar la prohibición de la entrada solo de migrantes y solicitantes de asilo en las fronteras de los EE. UU., Al tiempo que mantiene esas fronteras abiertas en gran medida a otros viajeros. Los mismos ex funcionarios de los CDC han indicado que nunca apoyaron el uso del Título 42 para negar a las personas la oportunidad de solicitar asilo. Es extremadamente decepcionante ver que esta política de la era de Trump adoptada y extendida bajo su supervisión. La ley de salud pública debe guiarse por la experiencia en salud pública y no por la política. Además de socavar el bienestar y los derechos legales de los solicitantes de asilo, el nombre y la reputación de los CDC como una institución científica confiable también se están erosionando por la perpetuación de un orden de salud pública que no tiene base en las mejores prácticas de salud pública.
Respaldo la recomendación de PHR de que el gobierno de EE. UU. Aplique medidas de salud pública efectivas y basadas en pruebas para procesar a los solicitantes de asilo en la frontera, en lugar de expulsar a niños, adultos y familias a entornos potencialmente peligrosos. Aunque la variante Delta es un avance significativo en la pandemia, los mismos principios de salud pública que llevaron a los funcionarios de los CDC a oponerse a la política de expulsión fronteriza desde el principio continúan siendo válidos: las familias y los adultos pueden ser admitidos en los Estados Unidos mientras se observan las medidas de mitigación recomendadas. como las pruebas y la cuarentena que los mantienen seguros a ellos y al público en general.
Agradezco su pronta atención a este asunto.
Respetuosamente,
REINALDO RODRIGUEZ HERNANDEZ
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