Nos sumamos a la declaración de CIVICUS en la que exigimos responsabilidades a los gobiernos, a las multinacionales y a los organismos multilaterales
Mujeres y hombres en todo el mundo arriesgan sus vidas por defender los derechos humanos. Miles de personas enfrentan dictaduras, empresas extractivas y mineras, organizaciones criminales o colectivos armados con un alto coste para sus vidas. El año pasado, según datos de Front Line Defenders, 300 personas fueron asesinadas, muchas de ellas ligadas a la defensa de los derechos de la tierra.
Hoy, 20 años después de que se los líderes mundiales adoptaran la Declaración de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, existen enormes brechas que impiden el cumplimiento real de sus propósitos. La sociedad civil mundial exige que se garanticen los derechos de los y las defensoras, y se proteja sus vidas. Como red de organizaciones que acompañan a muchas de esas mujeres y hombres que defienden los derechos y la vida en muchos lugares del planeta, nos sumamos a la declaración de CIVICUS en la que expresamos nuestra enorme preocupación por los enormes desafíos que enfrentan y exigimos que gobiernos, organismos multilaterales y empresas respeten los derechos humanos.
La Declaración, firmada hace 20 años, afirma que los estados tienen la responsabilidad y el deber de proteger a las personas defensoras contra la violencia, las amenazas, las represalias y las acciones arbitrarias derivadas del ejercicio de sus derechos fundamentales. La Declaración señala que cuando se violan estos derechos, las víctimas tienen derecho a presentar quejas o demandas. Estas quejas deben ser revisadas con prontitud por autoridades judiciales independientes, imparciales y competentes, y se debe además realizar una reparación a las víctimas. A las puertas del juicio del asesinato de la hondureña Berta Cáceres, uno de los casos más conocido internacionalmente, el análisis que realiza su hija es pesimista en lo que a la justicia se refiere.
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