El gobierno cubano adoptó un marco legal para las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación, oficialmente para proteger a Cuba contra los enemigos históricos del país. En realidad, viola varios estándares de derechos humanos al dar a las autoridades nuevas herramientas para rastrear y oprimir a los ciudadanos que utilizan Internet para movilizarse por el cambio democrático. En una declaración conjunta, instamos a la Unión Europea a presionar al gobierno cubano para reformar el marco legal de acuerdo con los estándares de derechos humanos.
Lea la declaración completa a continuación....
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Las medidas encabezadas por el Decreto Ley 35 y otras normas anunciadas por el gobierno cubano el pasado 17 de agosto aún no se han convertido en una herramienta más para violar la libertad de expresión y criminalizar a los activistas por la democracia. También violan los principios del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la UE y Cuba.
El paquete legislativo ha levantado varias voces de preocupación de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos y organismos regionales de derechos humanos como el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA.
El Decreto Ley fue adoptado bajo la premisa de “establecer un marco jurídico general para las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y las comunicaciones, siguiendo la práctica universal y los convenios internacionales”. Sin embargo, no cumple sus promesas violando varios estándares de derechos humanos.
Con anterioridad a abril, los medios oficiales han afirmado que este marco complementario fue diseñado para proteger las revoluciones contra los intereses de los enemigos históricos del país. Brinda al gobierno cubano nuevas herramientas para rastrear y oprimir a los ciudadanos que usan Internet para movilizarse por el cambio democrático, como las protestas masivas en julio.
El Consejo de Estado promulgó el paquete legislativo en el punto álgido de una fuerte campaña de persecución contra los defensores de los derechos humanos y los opositores políticos al gobierno. El organismo de control de derechos humanos Cubalex ha identificado a más de 911 personas que fueron detenidas durante las protestas.
También es fundamental resaltar que la Constitución cubana en su artículo 4 faculta a los ciudadanos a utilizar todos “los medios disponibles, incluida la violencia armada, para combatir a cualquiera contra el orden político socialista”, enmarcando así a todo aquel que busque la reforma democrática como enemigo del Estado. .
Además, los nuevos proyectos de ley complementan una serie de medidas legislativas, como los Decretos Ley 370/2018 y 360/2018, que se han utilizado como herramientas para la represión y criminalización de la disidencia política junto con el código penal.
Estas nuevas medidas complementarias están cuidadosamente redactadas para omitir, en su discurso, cualquier terminología que pudiera verse, a primera vista, como problemática. Sin embargo, considerando el contexto, hay varios puntos de preocupación:
Lo primero que preocupa es que, desde un principio, el Decreto Ley establece que “los servicios de telecomunicaciones son un instrumento para la defensa de la revolución”. Los estándares internacionales de Derechos Humanos establecen que cualquier restricción a la libertad de expresión debe excluir el interés de un “gobierno, régimen o grupo de poder”.
Además, las nuevas medidas complementan las sanciones descritas en el Decreto Ley 370, destinadas a sancionar de manera desproporcionada cualquier conducta considerada como una amenaza a categorías vagas como “noticias falsas”, “seguridad nacional” o “interés público”. La Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión expresó su preocupación por la ley de seguridad cibernética de China de 2015 que tiene las mismas definiciones, afirmando que se trata de categorías amplias que otorgan a los funcionarios una discrecionalidad excesiva para determinar su significado.
Además, la nueva legislación eleva la difusión de noticias falsas o mensajes que atenten contra la reputación del país como amenazas a la seguridad tan graves como la pornografía infantil, incumpliendo los requisitos de proporcionalidad establecidos por los estándares de derechos humanos.
El Decreto 42, también incluido en el paquete legislativo, impone restricciones para el uso de protocolos de comunicación y métodos de encriptación que podrían obstaculizar tecnologías de telecomunicaciones como las VPN. Defensores de derechos humanos en toda la isla utilizan VPN para acceder a noticias independientes, expresar sus pensamientos y acceder a páginas de Internet bloqueadas por el Estado cubano.
En consecuencia, las medidas legislativas aumentan el control del Ministerio de las Fuerzas Revolucionarias y del Ministerio de Comunicaciones sobre los sistemas y tecnologías de telecomunicaciones e información. También establece una política de denuncias para proveedores de servicios que suponga una amenaza adicional a la privacidad de las personas, junto con un nuevo plan de actuación administrativo en caso de detección de amenazas a la seguridad.
En conclusión, el nuevo paquete legislativo no cumple con sus promesas de establecer un marco legal de acuerdo con los estándares internacionales; además, varias de las medidas anunciadas representan una amenaza al derecho a la libertad de expresión y constituyen una herramienta adicional para una campaña de persecución contra defensores de derechos humanos.
De esta manera, el Decreto Ley 35 contradice los principios del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación , PDCA, suscrito por la UE y Cuba en diciembre de 2016, que establece que:
“El respeto y la promoción de los principios democráticos, el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y sus protocolos facultativos que se aplican a las Partes, y el respeto de la estado de derecho constituyen un elemento esencial de este Acuerdo.”
El Decreto Ley 35 también se suma a una ya larga lista de iniciativas legales adoptadas por el gobierno cubano y la asamblea nacional cubana después de la firma del PDCA. Estas iniciativas legales violan los principios de derechos humanos establecidos en el PDCA tanto en espíritu como en sus detalles:
- Decreto Ley 349 de 2018 “Infracciones al Reglamento de Política Cultural y Prestación de Servicios Artísticos”.
- Decreto Ley 370 de 2018 “De la informatización de la sociedad cubana”.
- Constitución de la República, de 2019 .
- Ley 127 de 2019 , “Ley electoral”.
En consecuencia con los argumentos anteriores, instamos a la UE y sus estados miembros a:
- Presentar información al Consejo Conjunto establecido por el PDCA sobre cómo la legislación vigente en Cuba incumple los artículos 1:5 de dicho acuerdo, artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 4 de las Declaraciones Americanas de Derechos Humanos; y la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y “Fake News”, Desinformación y Propaganda , entre otros estándares internacionales de derechos humanos.
- Instar al Estado cubano a reformar el marco de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.
- Entablar comunicaciones con los procedimientos especiales de la ONU, como el Consejo de Derechos Humanos o el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, para instar a Cuba a modificar su legislación siguiendo los estándares internacionales de derechos humanos y a dejar de utilizar las telecomunicaciones y leyes de información para restringir el derecho a la libertad de expresión.
- Utilizar el artículo 22 del PDCA para abordar el Decreto Ley 35, así como las demás iniciativas legales enumeradas anteriormente, en sus diálogos sobre derechos humanos con el gobierno cubano, y señalar públicamente qué partes son problemáticas de los principios de derechos humanos descritos como un elemento esencial. del PDCA.
- Iniciar la cooperación con grupos cubanos de derechos humanos para monitorear las consecuencias de estas iniciativas legales en la isla desde una perspectiva de derechos humanos.
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